El crecimiento demográfico y la urbanización significan mayor producción de aguas residuales. De hecho, éstos son de los pocos recursos cuya disponibilidad crecería en las próximas décadas, según lo señalado por la FAO. Por lo mismo, la combinación de una demanda de agua creciente, especialmente en agricultura, y una disponibilidad de agua limpia cada vez menor, está impulsando un uso mucho mayor de fuentes de aguas no convencionales, como son las aguas grises.

Cada año se desperdician millones de toneladas de recursos valiosos (agua, nutrientes-fertilizantes y materia orgánica) contenidos en las aguas residuales que se vierten a nuestros ríos y mares. Esto conlleva a su vez serios riesgos para la salud humana y el medio ambiente debido a la contaminación de los cuerpos de agua. Sin embargo, la recuperación de estos recursos para la producción de alimentos puede tener beneficios para todos los sectores implicados, es decir, a las ciudades, la agricultura y el medioambiente en su conjunto.

QUÉ PASA EN CHILE

Desde febrero de 2018, existe en Chile la Ley de Aguas Grises Nº 21075, que busca regular el uso de las aguas desechadas de lavamanos, lavavajillas o lavadoras o las llamadas aguas grises. Las aguas grises se definen como aquellas reutilizadas del uso doméstico, y se diferencian de las aguas negras en que estas últimas contienen materia fecal y bacterias como la Escherichia coli, y por lo tanto no son aptas para su reciclaje. Sin embargo, las aguas grises pueden ser utilizadas para riego de jardines, y en algunos casos para el riego de árboles y algunas hortalizas, lo que lo hace atractivo para todos, tanto sistemas de aguas urbanos como rurales.

Como se deben imaginar el agua reciclada es aquella que ha sido ya usada y que es tratada mediante lodos u otros sistemas, luego filtrada y, en vez de ser vertida en algún cuerpo de agua o infiltrada, se le da la oportunidad de entrar de nuevo en otro ciclo de uso, llegando una vez más al usuario, en la modalidad de agua reciclada.

Los usos permitidos del agua reciclada son variados:

• Urbanos: Riego de jardines o descarga aparatos sanitarios.
• Industriales: Uso en todo tipo de procesos industriales, excepto para productos alimenticios o refrigeración no evaporativos.
• Ambientales: Riego de especies reforestadas, mantención de humedales y todo otro uso que contribuya a la conservación y sustentabilidad ambiental.
• Recreativos: Riego áreas verdes públicas, campos deportivos u otros con libre acceso.
• Ornamentales: Áreas verdes y jardines ornamentales sin acceso al público.

En cambio, están prohibidos los siguientes usos:

• Consumo humano
• Procesos productivos de la industria alimenticia.
• Uso en establecimientos de salud.
• Riego de frutas y hortalizas a ras de suelo.
• Cultivo de moluscos filtradores.
• Uso en piletas, piscinas y balnearios.
• Uso en torres de refrigeración y condensadores.
• Fuentes o piletas ornamentales.

En términos económicos, esta ley pone foco en que la reutilización de agua permite liberar agua potable para otros usos y se estima que la reducción de consumo doméstico podría llegar a un 50%, además de la posibilidad de generar una disminución en el costo de la tarifa de agua potable, y generar una aplicación de economía circular al agua.

Los actores involucrados entonces son los aportantes de aguas grises (usuarios); usuarios red pública de alcantarillado, titulares sistemas de reutilización aguas grises (públicos y privados) y otros usuarios de las aguas tratadas. También participan las empresas concesionarias sanitarias (áreas urbanas) y que realizan la recolección y tratamiento del efluente y los servicios competentes: SISS, Servicios de Salud o SMA, en caso de proyectos con Resolución de Calificación Ambiental, y finalmente el Ministerio Público, en el caso de delito de descarga en el sistema de aguas residuales de sustancias que pongan en peligro la salud de las personas.

CRÍTICAS A LA LEY

Alcance: Algunos opinan que el origen de aguas grises podría ser más diverso y ampliar entonces el volumen, ya que la definición restringiría la inclusión de otras fuentes, como aguas que provienen del lavado de autos que podrían recuperarse, o sistemas de captación de aguas lluvias que también requieren tratamiento para su uso. De acuerdo a esto, al limitarse el origen estrictamente al domiciliario se restringe las opciones tecnológicas de tratamiento y se reduciría el potencial de recuperación de aguas, ya que se haría solo referencia al origen del efluente y no al proceso tecnológico a usar para alcanzar la calidad requerida por norma del efluente de salida. Según los detractores, técnicamente, los sistemas de tratamiento permitirían acondicionar aguas residuales a condiciones que permiten su reutilización para otros fines.

Entre las críticas positivas resalta que esta ley viene a regular una fuente de agua utilizada hace mucho tiempo en otros países, como por ejemplo, Israel, donde se reúsa el 90% del agua, o Australia donde existe una robusta estrategia de ahorro de agua por concepto de reciclaje. Además, se muestra como un instrumento de gestión que permite reducir el consumo de agua potable en usos que no necesitan de esa calidad y deja abierta la tecnología de tratamiento a utilizar según calidad del agua por uso, sujeta a autorización administrativa.

Factores económicos y logísticos: En cuanto a los vacíos legales es importante destacar que a la fecha no habría diferenciación de volúmenes de agua a tratar y tampoco diferencia entre sistemas sanitarios urbanos y rurales, requiriendo una adaptación a realidades distintas. Los comités de Agua Potable Rural (APR), encargados de dar agua potable a sectores rurales, trabajan con mucho esfuerzo y voluntarismo pero pocos cuentan con una capacidad instalada de tecnología y recurso humano capacitado para la operación las plantas de tratamiento, por lo que un segundo esfuerzo, convertir un efluente de salida en agua reciclada para reincorporar a la red, podría dejar su trabajo cuesta arriba, lo que hace que el sector rural una vez más se vea en desmedro de leyes que son pensadas para un entorno urbano. Otra incertidumbre es de incentivos económicos para subsidiar los altos costos de construcción y operación de sistemas de agua reciclada versus costo del agua, sien – do esta ley, según algunos, un débil instrumento en cuanto al incentivo de reconversión de la infraestructura existente, sobre todo urbana que es la que más produce aguas residuales.

Seguridad sanitaria: En esta ley se enfrentarían aspectos de máximo reúso del recurso agua y aspectos de salud humana, ya que, según expertos, es difícil conocer a priori el contenido exacto de contaminantes de cada efluente de entrada y por lo tanto se podría hacer difícil llegar a un efluente de salida inocuo, por lo que a la fecha el reglamento se encuentra en etapa de análisis por el Ministerio de Salud.

DESAFÍOS FUTUROS

Con todo lo anterior, lo positivo es el avance del combate contra la escasez hídrica y este es un gran paso, por lo que los desafíos ahora se centran en establecer obligatoriedad de uso de aguas residuales en determinados fines (ej.: descarga de inodoros, procesos industriales, riego áreas verdes), ampliar categorización de sistemas de interés público a cual – quiera que lo destine a alguno de los usos permitidos (conservación y sustentabilidad hídrica) , además de promover la construcción, operación y conversión de tecnología, hacia estos sistemas mediante subsidios y/o fondos concursables, y por supuesto, generar una política pública de inclusión del sistema de agua grises en todas las nuevas construcciones, edificaciones y concesiones sanitarias.

Por otra parte, la gestión adecuada de aguas grises, para ser usada como un recurso agrícola, necesita involucrar un gran número de agentes y grupos de interés del agro, los cuales deben cooperar y coordinarse para obtener resultados satisfactorios. Ministerios, instituciones de investigación y universidades, grupos de agricultores y consumidores son sólo algunos ejemplos de actores que necesitan trabajar en conjunto para facilitar el uso productivo y seguro de las aguas grises en la agricultura. Este trabajo participativo y multidisciplinario debiera resultar en pol íticas, leyes y marcos institucionales apropiados.

Finalmente, pero igual de importante es la educación ambiental sobre el cuidado del agua. El tema de las aguas residuales apenas tiene presencia en los currículos escolares de Latinoamérica, lo cual debe cambiar dada la importancia que tiene la contaminación de las aguas para la salud y el medio ambiente, por lo que allí también hay un desafío para todos nosotros.