La gerente del Departamento de Estudios de la Sociedad Nacional de Agricultura, Ema Budinich, alertó sobre los negativos efectos de la reforma en materia de capital de trabajo y reinversión, y sobre las limitaciones propuestas a la renta presunta.

Atendiendo a una invitación, la gerente del Departamento de Estudios de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ema Budinich, expuso ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados los impactos que la reforma tributaria tendrá sobre los agricultores.

La experta detalló que el 99% de los contribuyentes del sector son pymes agrícolas, para quienes una de las principales externalidades negativas será el fin de los incentivos a la reinversión de utilidades. Esto reducirá el capital propio de los agricultores, quienes enfrentan un difícil acceso a financiamiento y a tasas muy elevadas.

“Se estima que la reforma tributaria hará perder a las pymes agrícolas una cuarta parte de su limitado capital de trabajo, en una actividad muy poco bancarizada y que accede a altísimos costos de capital”, profundizó Ema Budinich.

La gerente de la SNA agregó que la reforma obligará, de manera inmediata, a la formalización contable a unas 40 mil pymes agrícolas, lo que representará altos costos y un acceso difícil a servicios contables, por estar ubicadas en zonas rurales y pequeñas localidades donde existe una oferta restringida. Por esto, Budinich afirmó que es fundamental establecer medidas de mitigación, como la implementación paulatina de los cambios propuestos y los suficientes apoyos técnicos para su implementación.

La experta de la SNA también solicitó revisar las normas sobre impuesto a las ganancias de capital, así como reponer medidas que estimulen la reinversión en el agro, a fin de compensar la eliminación de los incentivos tributarios 14 bis y 14 quáter y la supresión del FUT.

Durante su exposición, Budinich también se refirió a la modificación propuesta a la ley de cooperativas; los impactos del aumento al impuesto de timbres y estampillas; los cambios de gravamen para alcoholes, tabaco y azúcares; y la implementación del mecanismo de renta atribuida, entre otros temas.