Para impulsar el desarrollo de jóvenes rurales en el país, el Presidente de la República, Gabriel Boric ,encabezó el lanzamiento del programa piloto “Mi primer negocio rural” en la comuna de Lanco, en la región de Los Ríos.

“Mi primer negocio rural” está destinado a quienes tengan entre 18 y 40 años y se implementará, en principio, en Los Ríos y Coquimbo, para atender a 100 jóvenes en cada región con un presupuesto cercano a los $1.000 millones. Este nuevo impulso hacia la juventud rural, desarrollado por INDAP, está destinado a que este segmento mejore sus ingresos por venta de actividades productivas.

“El campo es futuro y tenemos que defenderlo como tal. Es un lugar para crecer e innovar, y para que podamos construir juntos este futuro, necesitamos apoyar a las nuevas generaciones (…) Y esto lo haremos a través de un programa piloto que busca apoyar a jóvenes con ganas de emprender desde el campo chileno con su primer negocio agrícola, programa que partirá en 2024 en Los Ríos y en Coquimbo”, sostuvo el Presidente de la República, Gabriel Boric, durante la ceremonia en la que estuvieron 300 pequeños agricultores, y autoridades nacionales y regionales.

Este programa atenderá a los jóvenes rurales que deseen iniciar un primer negocio agrícola y/o actividad conexa como la artesanía o el turismo rural, con vida tributaria y legal. Así, se entregará financiamiento a la inversión crítica y operación del negocio, y servicios de apoyo técnico para su implementación y desarrollo inicial.

En ese sentido, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, sostuvo que “el presidente nos ha pedido que logremos activar y combatir un problema que ocurre en todo el mundo y que es el envejecimiento de las comunidades rurales. Por eso, necesitamos producción para todas las generaciones, cada vez más agroecológicas, más limpias y con valor agregado (…) Este piloto será muy importante para convertirlo en una política pública y que existan programas específicos y que no solo sean innovadores de las grandes ciudades.

Desarrollar iniciativas orientadas a la transversalización del enfoque de género en los programas de fomento productivo, y la promoción de las autonomías y plena participación de las mujeres rurales en los planos cultural, político, económico y social, es el gran objetivo que tiene un nuevo convenio firmado entre INDAP Araucanía, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Sernameg y la Fundación Prodemu.

El convenio buscará, a través de los programas de fomento productivo, entregar acompañamiento técnico, asesoría y capacitaciones a nivel regional, provincial y comunal en favor de la equidad de género e igualdad de oportunidades en el desarrollo rural, según informó Pablo González Jara, director regional de INDAP.

“El servicio tiene una brecha importante en materia de género. Por ejemplo, en el acceso a algunos programas, los cuales también deben estar orientados a colaborar para lograr un empoderamiento de la mujer. Porque cuando hay una mujer empoderada económicamente hace una contribución mayor al hogar y cambian las relaciones de género”, explicó González.

La autoridad regional del agro además destacó que estos convenios con instituciones del Estado, que están vinculadas y saben de la transversalidad de género, “nos permite capacitarnos, aprender, articularnos en ciertas políticas y encaminarnos a una mayor equidad con las usuarias y usuarios de INDAP en el trabajo del fomento productivo”.

Susa Aguilera, directora regional de Sernameg, destacó que este convenio les permitirá llegar a más lugares de La Araucanía. “Creo que el PDTI de INDAP es uno de los programas del servicio del agro que más llegada tiene en el mundo rural y es por eso que queremos que ellos sean la primera acogida de las mujeres rurales, y que los profesionales y técnicos tengan las herramientas para saber derivarlas cuando corresponda”, precisó.

Finalmente, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Sol Kaechele Mellado, manifestó que el convenio va en la línea de lo propuesto por el Presidente Gabriel Boric, que es hacerse cargo de las brechas de género y apoyar el desarrollo de las mujeres en diversas autonomías, ya sea económica, política o socia,l en La Araucanía.

Más de 600 funcionarias y funcionarios han accedido a formación en distintas áreas relacionadas a fomento durante este año, sumando cerca de mil en un año y medio. Las capacitaciones responden al objetivo de mejorar el desempeño de las funcionarias y funcionarios, orientada al logro de una mayor eficiencia y eficacia institucional; y se ajustan al levantamiento de detección de necesidades de capacitación a nivel nacional, para desarrollar anualmente un Plan Anual de Capacitación (PAC). 

“Para nosotros es de total relevancia poder transmitir una profundización técnica de lo que significan los lineamientos estratégicos de INDAP, para poder apuntar a mejorar y fortalecer nuestra presencia de acción en los territorios y que nuestros colegas tengan más y mejores insumos y herramientas para entregar una mejor atención y servicio”, señaló Daniela Villanueva, jefa del departamento de Operaciones de la División de Fomento de INDAP. 

Las áreas abordadas durante este año son Mercado y Comercialización, Asociatividad y Cooperativismo, Agroecología, Cambio Climático y Sustentabilidad, Nueva Normativa legal para la inscripción y/o regularización de derechos de aprovechamiento de agua y la acción de INDAP a través del Bono Legal de Aguas (BLA), Aspectos técnicos, legales y normativas para la gestión de procesos de prefactibilidad, supervisión y recepción de proyectos a través del programa de riego de INDAP y Mapudungun.

Mariela Valdebenito, jefa de Fomento de la región de Arica y Parinacota, participó del curso de Agroecología que ejecutó el CET en Yumbel. Sobre la experiencia, destacó que le permitió “fortalecer los conocimientos y aprendizajes respecto al proceso agroecológico”. Asimismo, en su rol como integrante de la Red de Sustentabilidad de INDAP, “ir compartiendo conocimientos, el material, los distintos manuales y que esa información no solo baje a las áreas, sino que también a los equipos de extensión, que son los que están en el trabajo permanente con los usuarios”.

En el mes de octubre se comienza a planificar lo que será el Plan Anual de Capacitación para el año 2024, en este sentido, Sebastián Acosta, jefe de la División de Fomento de INDAP indicó que “esperamos continuar un proceso progresivo de aprendizaje en aquellas materias que ya se abordaron desde un nivel general y se han podido transmitir durante el año 2022-2023. Particularmente, seguir profundizando y llegando más al detalle sobre los aspectos que ocurren en el día a día en la relación con los usuarios y usuarias en las distintas materias asociadas a los lineamientos estratégicos”.

Con 74 productores y productoras agrícolas de 12 comunas rurales que rodean Santiago se puso en marcha en la Región Metropolitana el nuevo Programa de Transición a la Agricultura Sostenible (TAS) de INDAP que promueve un proceso de transformación hacia prácticas agrícolas más saludables, socialmente inclusivas y adecuadamente vinculadas con los mercados y los consumidores.

Esta iniciativa que ya está operativa en todo Chile, con más de 1.000 pequeñas y pequeños productores usuarios de INDAP seleccionados en un proceso de postulación, entregará asesoría y capacitación, con apoyo de los equipos técnicos de INDAP y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), financiamiento para la adquisición de herramientas e insumos necesarios, y gestión también para la comercialización. Esto con un cronograma de 2 años que concluye con el egreso y una nueva convocatoria.

El lanzamiento del TAS en su versión metropolitana se realizó en el Centro de Investigación INIA La Platina, en La Pintana, con un conversatorio que abordó aspectos del programa, además de la firma simbólica del acuerdo de trabajo conjunto entre INIA e INDAP.

La actividad, a la que asistieron algunos de los 74 agricultores seleccionados en la Región Metropolitana, fue encabezada por el subdirector nacional del INDAP, César Rodríguez; el director de INIA La Platina, Bruno Defilippi; profesionales de ambos organismos, además de extensionistas del Prodesal y funcionarios municipales vinculados a los programas.

El subdirector nacional del INDAP destacó que este programa permite “promover e implementar prácticas agrícolas sustentables en lo ambiental como el mejor uso de recursos como el agua y el suelo”. Además, dijo, que socialmente “considera la inclusión de jóvenes y mujeres rurales”, y económicamente “facilita el acceso de la AFCI a mercados en diálogo con los consumidores que demandan alimentos sanos e inocuos”.

La Región Metropolitana representa el principal núcleo urbano y demográfico del país con una población que bordea los siete millones de habitantes, casi un tercio de la población total del país, lo que a su vez representa el mayor público consumidor de la producción generada por la Agricultura Familiar Campesina e Indígena de este territorio y también del país.

El director de INIA La Platina, Bruno Defilippi destacó el trabajo colaborativo entre ambos organismos ante requerimientos como plagas cuarentenarias y emergencias. En opinión del directivo este es un desafío enorme: “proveer de alimentos a siete millones de consumidores de la región Metropolitana que aún mantiene un sector rural centrado en la producción hortícola; su ventaja es estar cercano a este gran mercado de consumidores que demandan -no sólo las nuevas generaciones, sino todos-, productos sustentables: con menos contaminación, con un buen uso de los recursos”.

La Pintana, junto a San Bernardo, es una de las comunas metropolitanas en las que todavía coexisten amplios sectores urbanos y rurales donde, a pesar de la presión inmobiliaria, aún se desarrolla una actividad agrícola que produce alimentos para la población.

Valentina Martínez es una joven agricultora de María Pinto, en la Provincia de Melipilla; es productora agroecológica de hortalizas y se incorporó al TAS en búsqueda de conocimientos y herramientas para desarrollar una agricultura más sustentable. “Uno de los desafíos más grandes es aumentar la producción a un nivel manejable para mí. Soy una pequeña agricultora y este es un gran salto a nivel productivo. Es una oportunidad para aprender, para tener nuevas herramientas y poder implementarlas más seria y formalmente”, relató.

Una radiografía de la situación actual de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena en el país presentaron los dirigentes de los Consejos Asesores Regionales (CAR) de INDAP al director nacional de la institución, Santiago Rojas, durante su última  reunión bimensual con las autoridades.

En el encuentro, los agricultores plantearon las inquietudes que tienen, desde la situación que hay con las praderas en el extremo sur, pasando por las emergencias y damnificados en la zona centro sur, hasta la sequía en las regiones del norte. Asimismo, solicitaron ayuda de INDAP en la coordinación con otros servicios del Estado para lograr una atención armónica en la pequeña agricultura, que pasa por resolver dificultades que se están presentando por el aumento en los arriendos de tierras que concesiona Bienes Nacionales y también la situación que enfrentan los productores que debido a las inundaciones perdieron no sólo las cosechas, sino que la tierra en sí misma, debido a que quedó inservible para poder plantar nuevamente en el corto plazo.

Ante esta situación, que se trabajó en la reunión, que duró varias horas, Santiago Rojas dijo que en la región de Ñuble ya se ha avanzado en un 50% la entrega de bonos a quienes resultaron damnificados con los temporales de junio y que se está terminando de catastrar a todos los que fueron afectados por las lluvias de agosto. Contó que se está trabajando en fortalecer al interior de la institución un departamento dedicado a emergencias y prevención. Asimismo, comentó que en los próximos meses se quiere impulsar una mayor territorialidad para la toma de decisiones en cuanto a qué programas de INDAP les dará prioridad cada dirección regional, de acuerdo a las necesidades propias.

La autoridad del agro también destacó que fue un gran encuentro con dirigentes de Arica a Magallanes, donde pudieron presentar las necesidades y problemáticas que están enfrentando, “y también contarles en lo que se está trabajando y la estrategia al 2030. Es importante seguir trabajando de esta manera, en la democratización de INDAP, y de esa manera poder fortalecer a la Agricultura Familiar Campesina”.

En tanto, Amelia Muñoz, presidenta del CAR Valparaíso y coordinadora nacional de todos los Consejos Asesores, contó que todo lo tratado en la reunión se le informó previamente al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y al Presidente Gabriel Boric, mediante una carta en la que se planteó además el tema de los pocos recursos con que cuenta INDAP para actuar. “También pedimos una reunión para solicitarle una condonación total para los productores que están gravemente afectados, que perdieron todo y que no saben cómo levantarse. Y buscar la forma de hacer que esa persona cambie de rubro de acuerdo a su condición actual”, dijo la dirigente agrícola.

Precisó que estas reuniones “las valoramos y estamos muy conformes del actuar del director nacional, pero vemos las limitantes que tiene: que no hay recursos. Nosotros estamos hablando con nuestros parlamentarios para empujar una solución, y por eso también la carta: para que se dé un mayor apoyo al director. En la carta al Presidente y al ministro explicamos el gran trabajo que hace INDAP, porque para nosotros es el corazón de Chile. Sentimos que el ministerio y el país sin INDAP estarían cojos y nosotros, los productores de alimentos, a lo mejor habríamos dejado de existir y estaríamos llenos de importaciones”.

Los agricultores chilenos se podrán capacitar en cuanto a prácticas y manejos sostenibles en sus predios. Se trata del  programa de Transición a una Agricultura Sustentable (TAS),  el nuevo instrumento del Ministerio de Agricultura, el cual brindará asesorías especializadas a los usuarios INDAP a través de profesionales del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).

Si bien en la región del Maule serán 74 los agricultores que formarán parte de esta propuesta, a nivel nacional se seleccionaron a más de 1.000 usuarios INDAP a través de las 16 regiones del país. El TAS cuenta con dos pilares fundamentales; asesorías técnicas, tanto grupales como personales realizadas por asesores expertos INIA, e incentivos económicos para el inicio de la transición e inversiones que busquen avanzar hacia una agricultura sostenible.

El director regional  de INDAP Maule, Luis González comentó:”“Este programa nos va a permitir abordar casi todos los lineamientos que tenemos como institución. Es importante todo lo que se relaciona con el desarrollo sustentable porque tenemos que enfocarnos en todo lo económico, social y a la vez medioambiental para que nuestros agricultores en sus sistemas productivos puedan producir más y mejor”.

González hizo hincapié en cómo el programa, que busca implementar manejos y prácticas productivas sustentables en sistemas agropecuarios promoviendo la conservación de los recursos, la resiliencia frente al cambio climático y la disponibilidad y acceso a alimentos saludables, también irá en concordancia con la estrategia de gobierno de seguridad y soberanía alimentaria.

En tanto,  la directora de INIA Raihuén, Carmen Gloria Morales, dijo que “Para nuestra institución, el TAS viene a reafirmar un trabajo que hemos venido realizando por muchos años. Hoy día significa poner a disposición nuestras líneas de investigación y todo lo que es el equipo humano que viene a reforzar este trabajo, que en conjunto con INDAP promoverá una producción alimentaria más segura y en sintonía con la sostenibilidad”.

Formación del equipo

José Pablo Lladser, investigador extensionista INIA, será el coordinador del programa, quién velará por su implementación y ejecución en el Maule. Lladser es Ingeniero Agrónomo de la Universidad de Chile con estudios en el área de Agroecología y Desarrollo Rural, su experiencia laboral y líneas de investigación se han enfocado en la Ecología de los Agroecosistemas Diversificados y la Modelación de datos para medir distintos tipos de Indicadores Socioecológicos y Agroeconómicos.

Para las asesorías y visitas a los predios de los usuarios, se seleccionaron a dos asesores con larga trayectoria en sistemas agropecuarios sustentables y principios agroecológicos. En las comunas de Pelluhue, Villa Alegre y San Javier, Claudio Rosales será el enlace entre INIA y los agricultores. Claudio es Ingeniero Agrónomo y licenciado en Recursos Naturales, enfocado en el estudio y práctica de la agroecología y la restauración/rehabilitación de ecosistemas desde una perspectiva socio-ecológica para el desarrollo de estrategias comunitarias para un futuro sostenible.

Las  intensas lluvias que se registraron en el país provocaron las inundaciones de los campos de agricultores, en especial de Ñuble, lo que llevó a pérdidas de cultivos.

Autoridades del ministerio de Agricultura y del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) en San Fabián realizaron la distribución de los bonos de reactivación productiva desde $1 millón hasta $5 millones comprometidos para afectados por el reciente sistema frontal.

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, junto al director nacional de INDAP Santiago Rojas se reunieron en esta comuna precordillerana con 182 campesinas y campesinos que luego del catastro fueron validados para la recepción de estos bonos que suman un total de $346 millones para rehabilitar sus sistemas dañados total o parcialmente por las lluvias e inundaciones.

La entrega de estos incentivos también se realizó en Ñiquén, otra comuna de Ñuble fuertemente afectada por el paso de los sistemas frontales, donde 122 pequeñas y pequeños agricultores fueron beneficiados con bonos por un total de $296.000.000. Así, sólo en estos dos territorios los recursos alcanzan a $642 millones y benefician a un total de 304 productores agrícolas.

El ministro Esteban Valenzuela enfatizó la importancia de estas ayudas y reiteró el compromiso gubernamental para seguir apoyando a la pequeña agricultura. Además, relevó el trabajo conjunto con el Ministerio de Obras Públicas para el diseño e implementación de sistemas de riego acordes a las condiciones actuales que aseguren el acceso al agua para riego y consumo humano.

Estos agricultores afectados en Ñuble se dedican principalmente al cultivo de verduras y hortalizas, además de frutales. Los productores fueron previamente encuestados por los equipos técnicos y profesionales de INDAP para determinar la cuantía de los daños en la producción agrícola y los recursos son transferidos directamente a las cuentas bancarias de cada uno de los y las beneficiadas.

En la actividad en que se formalizó la entrega de estos incentivos participaron también la directora regional de INDAP Ñuble, Fernanda Azocar; el seremi de Agricultura de Ñuble, Antonio Arriagada; los alcaldes de San Fabián, Claudio Almuna, y de Ñiquén, Alexis Méndez, además de los profesionales que integran los equipos regionales y del Programa de Desarrollo Local (Prodesal).

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) informó, a través del informe parcial de situación silvoagropecuaria, que al 13 de febrero, son 6.257 los animales muertos a causa de los incendios forestales.

A la fecha, y sobre la base de estimaciones preliminares de los equipos regionales de INDAP, se ha registrado un total de 6.800 productores(as) damnificados por la catástrofe de incendios forestales ocurrida en el presente mes de febrero 2023, en diversas comunas de las regiones de Maule, Biobío, Ñuble y Araucanía.  

Afectados estimados por región al 12/02/2023
• Maule: 800
• Ñuble: 1.500
• Biobío: 2.500
• Araucanía: 2.000
• Total: 6.800
(Esta información puede variar porque la emergencia está en desarrollo)

Así mismo, Indap entregó un balance de los animales catastrados afectados por la emergencia

Al 14 de febrero, se han catastaron un total de 22.488 agricultores, de los cuales, el 70% son usuarios INDAP y con ello un total de 35.256 unidades animales, compuesto por vacunos, ovejas, cabras, cerdos, equinos, asnales y aves. De los cuales 6.257 han muerto por efecto del fuego, donde el 65% corresponde a aves, seguidos por un 18% de vacunos, 8% cabras, un 4% de ovejas y un 2% de cerdos y 1% de caballares. 20.735 requieren alimentación. En el rubro apícola se han catastrado un total de 14.246 colmenas, siendo afectadas por el incendio un 11.310 que representa un 79% del total. De las colmenas afectadas, un 12% tenían seguro agrícola.

Se han reportado 1.839 hectáreas de cultivos afectados por el incendio, donde un 57% producción forrajera, un 21% son cultivos frutales, un 18% de Cereales, legumbres y C. industriales y finalmente un 3% de hortalizas.

En infraestructura productiva, hay pérdida de 1.892 kilómetros lineales de cerco de alambres destruidos en las distintas regiones. También se ha constatado la pérdida de 45 corrales, 244 bodegas y galpones y 88 invernaderos. Por otra parte, también se cuenta la pérdida de 299 hectáreas de sistemas de riego destruidos por causa del incendio. Reportando además 63 casetas de riego, 88 obras de acumulación y 25 pozos y norias afectados por el incendio.

De todas maneras, ante la emergencia, el Gobierno ha dispuesto de ayuda a quienes se vean afectado, con financiamiento inmediato de emergencia para alimentación y bebida animal y apícola, prórrogas automáticas de créditos y seguro agropecuario. Toda esta información está publicada en el sitio web de Indap

Con el paso del tiempo la pequeña agricultura ha ido incorporando tecnología y mejorando su producción, sin embargo, aun enfrenta una gran dificultad: el proceso de comercialización. Bajo este escenario es que en el año 2007 surgieron las alianzas productivas, un mecanismo de Indap que tiene por objetivo generar un encadenamiento entre la producción y el proceso de comercialización.

Hace diez años los planes de la viña Miguel Torres Chile apuntaban a la elaboración del espumante Estelado, un rosé elaborado con uva País. El desafío entonces pasaba por el abastecimiento de esta variedad. Fue así como dieron con Viñedos Esperanza de la Costa, una agrupación de 18 productores que trabajaban de manera asociativa esta uva. Comenzó entonces un proyecto de alianza productiva entre ambas partes, basado en viñedos que en promedio superan los cincuenta años y que corresponde a una de las variedades más antiguas introducidas en Chile, en general propiedad de pequeños viticultores.

Si bien diferentes viticultores se dedicaban a la producción de esta variedad, la viña apuntaba precisamente a un grupo. El objetivo era asegurar un estándar de calidad, ya que cada productor por separado no manejaba las técnicas para llegar a las condiciones de uva que se buscaban, según consigna Eduardo Jordán, director técnico y enólogo de Miguel Torres Chile.

“La uva en los programas de alianza productiva nos servía mucho pero había otros productores que también nos podían haber servido. Lo que pasa es que esto a nosotros también nos facilita el trabajo. La capacitación no tienes que hacerla a cada productor y además ellos mismos, como son una alianza de productores, se preocupan de respetar los estándares que nosotros les solicitamos”, comenta y añade que es muy importante que exista una figura de líder en el grupo, con quien ellos se comunican y se preocupa de que todos dentro de la alianza realicen los trabajos requeridos.

De esta manera, entre los beneficios que obtienen los productores destacan las asesorías técnicas, las que van de la mano con las otras dos ventajas: certificaciones y buenos precios.

BENEFICIOS CERTIFICADOS

Cuando estos dieciocho productores se unieron hace diez años el objetivo era lograr un mejor precio y poder seguir cultivando esta variedad para no tener que arrancar sus viñedos. Según cuenta Secundina Vásquez, presidente de Viñedos Esperanza de la Costa, gracias a la alianza productiva pudieron cumplir esta meta. Y es que por medio de ésta pudieron realizar la certificación orgánica, de la que sólo financian el 10%.

“Eso es lo que nos pone el mayor precio a nuestra uva. La vendemos muy bien gracias a la certificación orgánica, y también al Fair Trade (comercio justo)”, señala Vásquez.

Una posición similar muestra Jordán, quien asegura que el beneficio más directo para los agricultores es la compra de sus uvas a precio “Fair Trade”, el que incluso puede triplicar el valor de mercado por un kilo de uva.

Respecto de los precios, agrega que a nivel general en la temporada 2019 estuvieron muy bajos, alrededor de $80 o $90, mientras que Miguel Torres pagó un valor entre los $210 y $230. “Es un precio con el que el productor gana y tiene una rentabilidad que hemos calculado en alrededor de 10%”, aclara.

Pero al buen precio que obtienen los productores, entre los beneficios se suma la asesoría técnica que reciben. Además del apoyo técnico del área agrícola de la compañía, también cuentan a través de la alianza con un asesor vitícola. “La asesoría técnica durante todo el año le permite al viticultor evolucionar y mantenerse vigente. Pasa de tener conocimientos respecto de un manejo de viñedo convencional a uno orgánico, certificando sus uvas a orgánicas y teniendo viñedos más rentables”, añade Jordán.

BENEFICIOS PARA LA MIGUEL TORRES

El objetivo de la alianza productiva es que ambas parten ganen. En el caso de Miguel Torres el principal beneficio pasa por la distinción y calidad. “Trabajamos la agricultura orgánica y Comercio Justo, certificaciones que nos permiten entregar un producto con un valor agregado y diferenciarnos de los del mercado”, comenta Jordán y resume que lo más relevante es que logran el producto que desean, el que fuera de una alianza sería muy difícil

Hoy en día el total de la producción de uva país de esta asociación tiene un solo poder comprador: Miguel Torres Chile, compañía que requiere una certeza de la cantidad de kilos que va a recibir. Si bien tienen la prioridad —por encontrarse bajo el esquema de alianza productiva—, Jordán aclara que si un productor decide vender un porcentaje a un tercero, es algo que puede ser, siempre que se haya conversado desde un principio.

Sin embargo, ambas partes coinciden en que dado los buenos precios que obtienen los agricultores por sus certificaciones, no les convendría

Con el paso del tiempo la pequeña agricultura ha ido incorporando tecnología y mejorando su producción, sin embargo, aun enfrenta una gran dificultad: el proceso de comercialización. Bajo este escenario es que en el año 2007 surgieron las alianzas productivas, un mecanismo de Indap que tiene por objetivo generar un encadenamiento entre la producción y el proceso de comercialización.

Por un lado una entidad gubernamental en búsqueda de empresas con el fin de encadenar pequeños productores con compañías formales. Por el otro, una firma reconocida a nivel nacional con sus propios objetivos. Sin saberlo, se podían ayudar mutuamente. Una coincidencia que derivó en una alianza que se mantiene hasta el día de hoy.

Corría el año 2012 e Indap de la Región del Maule buscaba empresas con trayectoria y sólidas económicamente para invitarlas a participar del Programa de Alianzas Productivas en esta zona. Por su parte Tucapel, que posee su planta productiva en la zona del Maule Sur y que cumplía con estos requisitos, buscaba ampliar su abastecimiento en legumbres.

El hecho de que se tratara de una zona tradicionalmente productora de legumbres y que además se encontrara en el radio de acción de su planta productora, fue lo que empujó a Tucapel a enviar a un equipo, junto a Indap, para levantar información de quiénes podrían ser los posibles proveedores, específicamente para poroto tórtola (ver recuadro). Así fue que desde ese mismo año surgió una alianza productiva entre Empresas Tucapel y un grupo de productores de la zona, que hoy alcanzan los 46.

Pero otro factor que llevó a Tucapel a dar el sí fue el conocimiento que estos productores tienen del cultivo. Según recuerda Bárbara Torres, Brand Manager de Empresas Tucapel, la legumbre en general se trata de un cultivo cuya decisión de siembra depende mucho de cómo estuvo el precio de la temporada. Sin embargo, este grupo correspondía a productores de legumbres. “Eso tiene un valor increíble para la empresa, de saber que ellos eran por tradición productores de legumbre, o sea conocen el cultivo, se dedicaron a éste y fue pasando de generación en generación. Por temas de mercado muchos lo fueron perdiendo porque no tenían a quién venderle. Entonces había una preocupación también del grupo de agricultores de decir es nuestro cultivo de la zona, donde se da bien y donde hay buenos rendimientos”, comenta Torres, quien agrega que para Tucapel lo relevante es la calidad y no la superficie que posean los agricultores.

“Que esté en manos de pequeños productores no significaba que fueran menos importante para la cadena de abastecimiento, porque estaba muy atomizado ahí entonces finalmente no estás encontrando uno o dos, sino que un grupo de agricultores con pequeñas superficies pero grandes agricultores porque conocían el cultivo”.

Un total de diez hectáreas de poroto —de las cuales ocho corresponden al poroto zorzal, ex tórtola, y dos al blanco— posee Sergio Aravena, uno de los productores que forma parte de la alianza productiva. Lleva quince años como agricultor y se ubica en el sector Lora Huapi, comuna de Licantén, provincia de Curicó, una zona en la que siempre se ha cultivado poroto. Aclara que la producción es buena, ha tenido buenos rendimientos, ubicándose en promedio sobre los 30 quintales por hectárea. ¿La razón? Las características del sector.

En primer lugar destaca el terreno, que posee buenos nutrientes, además del clima húmedo, lo que genera que los cultivos no requieran tanto riego. “Con cinco riegos en la temporada e incluso menos los porotos están bien”, comenta.

Hoy Aravena le vende el total de su producción a Tucapel, una unión que él defiende. Y es que trae beneficios para ambas partes.

UN WIN-WIN

La zona donde se encuentra Sergio Aravena se ubica a unos 120 km de la ciudad de Curicó, misma distancia que tiene aproximadamente hacia Talca. De esta manera la salida de su producto, debido al traslado, se hacía muy difícil. “Tener un centro comprador, y bueno, aquí en la zona, para nosotros es muy importante”, comenta el productor, quien agrega que además es una planta que da la posibilidad de recibir toda la cosecha si no tienen a quién más venderle. Y es que los productores no cuentan con la obligación de venderle a la empresa, es decir, no hay ningún contrato que especifique que toda la producción se le debe entregar a Tucapel.

“Es un acuerdo de caballero. Como estoy participando dentro de un programa de alianza y recibo asesorías y visitas técnicas, tengo la primera posibilidad de venderle a esta empresa. Pero si el agricultor encuentra que hay un precio que es más razonable para él, puede vender a otro poder comprador. Por otro lado, no es lo mismo participar en una alianza que no hacerlo, porque hay asesoría directa y personas especializadas”, explica Torres.

Con ello coincide Aravena, quien señala que no existe una obligación escrita, pero sí moral, dado que entregan una serie de servicios técnicos para que la producción sea de calidad. A modo de ejemplo cuenta que este año ha recibido dos visitas para ver cómo iba la post siembra y la granada. “Me van diciendo qué líquido falta o en qué condiciones debo hacer la arranca, es decir, me van dirigiendo. A pesar de que uno sabe todo el teje y maneje del poroto, nunca se lo sabe todo, de tal manera que hay que estar atento a lo que indiquen los técnicos”.

A juicio de Bárbara Torres esta alianza es un win-win. Existe un traspaso de conocimiento desde los técnicos hacia los productores y desde ellos a la empresa, pero la principal ventaja para la compañía pasa por la seguridad de abastecimiento, junto con poseer una calidad estándar.

“Hemos tenido una relación muy cercana con nuestros agricultores, entonces finalmente es un ganar-ganar. El agricultor traspasa también sus conocimientos y nosotros hemos podido conocer del cultivo, además de traspasar conocimientos técnicos para que la tradición no se quede en la tradición, sino que haya mejora en los campos”, comenta.

Hoy en día ambas partes de la cadena definen la relación de trabajo como una de confianza. La transparencia en la entrega de información ha jugado un rol clave.

UNA RELACIÓN DE CONFIANZA

Un trato de confianza y con honestidad es el que describe Bárbara Torres, lo que no sólo se refleja en la entrega de información, sino que también en los pagos a los agricultores. Según comenta, se aclara por ejemplo el precio que hay en la temporada, se les especifica lo que se les va a pagar y referido a qué tema y se les entrega una liquidación directa, una forma de trabajo que a su juicio ha dado resultados positivos y ha sido beneficioso para ambas partes.

En este sentido, Aravena especifica que Tucapel realiza el depósito, ya sea en cuenta corriente o de ahorro, en el plazo de una semana más o menos, o el que prefiere se le cancela mediante un cheque. Y añade que en todos estos años en que han realizado entregas a la empresa, ninguno de los agricultores ha tenido problemas referidos al pago, conducta que ha construido confianza.

Lo que comenzó como una coincidencia se ha transformado en una relación de trabajo que ya lleva ocho años. Ambas partes de la cadena salen beneficiadas. Es precisamente por ello que se han convertido en los aliados perfectos.

EL PRODUCTO PREFERIDO

Si bien ya en 2012 Empresas Tucapel contaba con abastecimiento de poroto tórtola, por medio de productores e intermediarios, el formar parte de una alianza ayuda a aumentar la participación y contar con un abastecimiento seguro. Se trata de dos aspectos que cobran vital relevancia al tratarse además del producto preferido por los consumidores.

“Cuando está en góndola y el tórtola tiene un precio más competitivo que los otros porotos (hallado, negro o blanco) el consumidor va a ir por el tórtola porque es el más consumido y el más gustoso al paladar”, explica Bárbara Torres, Brand Manager de Empresas Tucapel.

En la decisión de realizar la alianza productiva por este tipo de legumbre incidió también el hecho de que hay un trabajo de mejoramiento genético y una labor de INIA en relación a la semilla. “Estaba todo, los productores de tórtola que conocían el cultivo y era de tradición: INIA trabaja el tema de la semilla y es el preferido por los consumidores. Todo ese abanico de variables se conjugó perfecto e ingresamos con el tórtola”, concluye Torres.

La biología representa muy bien las distintas posibilidades que existen entre la relación de dos individuos con características distintas dentro de un mismo ecosistema. Así como existen relaciones de competencia, también están descritas aquellas situaciones en que ambas partes se ven beneficiadas por el vínculo establecido. A esto se lo llama simbiosis. Y del mismo modo en que ciertos árboles conviven con hongos, a través de micorrizas, para que ambos obtengan más nutrientes, lo mismo puede ocurrir en los ecosistemas productivos. Un pequeño agricultor -o un grupo- que se vincula con una empresa grande para que ambos saquen provecho de la relación.

Con el paso del tiempo la pequeña agricultura ha ido incorporando tecnología y mejorando su producción, sin embargo, enfrenta todavía una gran dificultad: el proceso de comercialización. Bajo este escenario es que en el año 2007 surgieron las alianzas productivas, un mecanismo de Indap que tiene por objetivo precisamente generar un encadenamiento entre la producción y el proceso de comercialización.

“En el caso de la pequeña agricultura esto lo logramos a través de las alianzas productivas porque nos permite que agricultores trabajen en forma asociativa y puedan tener un vínculo y recibir asesoría técnica desde la empresa o instancia donde van a comercializar, lo que a su vez les permite producir la calidad, variedad y volumen que necesita ese poder comprador”, detalla Carlos Recondo, director nacional de Indap, institución que contribuye con recursos para apoyar esta asistencia técnica.

Este financiamiento varía dependiendo del volumen y tamaño de la empresa, pero a modo de ejemplo, durante el año pasado destinaron alrededor de $2.600 millones.

Lo que se busca con este tipo de alianzas es que las partes beneficiadas sean las dos. Si bien al pequeño productor le sirve para poder comercializar sus productos y a la vez mejorar el nivel de producción, dadas las asesorías técnicas, las compañías obtienen una serie de ventajas, y no menores. En primer lugar se puede mencionar la calidad y características del producto que reciben, uno “moldeado a su pinta” debido precisamente a que ellos mismos son quienes brindan parte de las asesorías.

Pero más allá de asegurarse un estándar de calidad, tienen garantizado un abastecimiento que de alguna manera aporta a su canasta productiva. A modo de ejemplo, Tucapel mantiene una alianza productiva para abastecerse de poroto tórtola, una legumbre que si bien producía antes de este programa, con él logró incrementar el volumen. Otro caso es el de la viña Miguel Torres Chile, que buscaba abastecimiento de uva País para la producción de un espumante, una variedad algo olvidada en ese entonces. De esta manera, la certeza tanto en calidad como en volumen es algo muy relevante para la otra parte de la cadena.

Hoy en día existen 88 alianzas funcionando a nivel país con 3.530 usuarios, según datos de Indap al año 2019. De este total, casi la mitad de los programas se concentran en la Región del Maule, seguida por Ñuble y Los Ríos, zonas donde también se ha avanzado de forma importante. Pero las proyecciones de este programa apuntan a avanzar en distintas direcciones.

¿Qué planes tienen a futuro con este programa?

Le hemos pedido a todas las regiones que esto sea un trabajo prioritario. Nosotros las alianzas productivas lo tenemos incorporado en nuestro lineamiento de asociatividad y mercado. Es uno de los instrumentos que nos permite conseguir este objetivo de vincular al productor con el mercado. Entonces queremos que todas las regiones pongan el mayor empeño para ir generando más alianzas productivas, queremos avanzar este 2020 a 4.500 agricultores funcionando a través de estos programas y con distintas empresas.

Pero también alianzas que sean de empresas campesinas asociativas, o sea, empresas formadas por pequeños agricultores que también se pueden constituir como poder comprador. Así se han organizado por ejemplo agrofrutícolas de pequeños agricultores que son del rubro berries y que ellos les compran a pequeños productores también y ahí se conforman alianzas productivas.

¿Cómo buscan atraer más grandes empresas?

Estamos en conversaciones permanentemente, ahí hay una tarea de relaciones de vínculo humano entre Indap y las propias empresas en cada región. Yo personalmente me reúno con las empresas para afinar las posibilidades de que ellos den el paso de armar una alianza productiva con pequeños productores y diría que aquí hay un trabajo y un esfuerzo que tienen que hacer los ejecutivos de Indap para promover este programa, este producto que muchas veces también es desconocido por muchas empresas.

¿Existe algún requisito que debe cumplir la empresa grande para participar?

No. Para ellos que los productores satisfagan un conjunto de exigencias. Las empresas grandes probablemente son aún más exigentes en materia de Buenas Prácticas Agrícolas, en materia de inocuidad, de calidad, de variedades y en esa perspectiva la exigencia que le hacemos nosotros es que el porcentaje de la asistencia técnica que ellos deben financiar y cubrir sea mayor.

¿Qué beneficios obtienen estas compañías y los productores?

Las compañías reciben el beneficio de tener asegurado un abastecimiento y cierta calidad de producto. Ellos tienen la certeza de que van a tener un volumen de toneladas o una cantidad de agricultores que van a producir lo que ellos necesitan. Diría que son los máximos beneficios que logra la empresa.

Para los productores es poder tener mayores certezas. La agricultura está siempre llena de riesgos e incertidumbres, desde la incertidumbre climática, que es cada vez mayor debido al cambio climático, a la incertidumbre de los mercados, que siempre tienen variaciones. Somos un país abierto, estamos expuestos a todo lo que pasa en el exterior y por lo tanto el mercado es un desafío permanente.

Asimismo, incorporarse a las nuevas tecnologías también es un desafío para los productores y mediante estas alianzas productivas logran avanzar en eso, en alcanzar buen nivel tecnológico, buenas prácticas agrícolas, buena calidad, pero además tener certezas de que su producción finalmente va a poder llegar al mercado, y van a poder vender en un precio razonable, en un precio relativamente estable, en un precio que incluso pueden conocer con anticipación. Esas certezas valen mucho en cualquier actividad económica y particularmente en la agricultura.

¿Qué es lo diferenciador que pueden entregar estos agricultores versus un productor más grande?

El pequeño productor normalmente tiene buena calidad de producto, tiene una dedicación muy personal a sus producciones y además es un productor, y por eso hemos promovido la asociatividad que nos interesa seguir promoviendo, que puede resolverle a la empresa problemas de volumen de compra en forma asociativa y alcanzar así abastecer de mejor manera a la compañía. El pequeño productor es muy fiel en términos de hacer el esfuerzo permanente por entregar la calidad que le están pidiendo.

¿Existe una obligación del productor de venderle exclusivamente a la empresa con quien tiene la alianza?

Existen contratos y convenios que efectivamente en algunos más y en algunos menos, comprometen la producción anticipadamente. Es una dificultad que a veces se presenta y dependiendo de las condiciones del precio del mercado, a veces haya agricultores que quieran salirse en el momento de la comercialización y comercializar por fuera cuando a veces hay precios que les conviene. Pero esto hay que mirarlo en el largo plazo. En el largo plazo permite aplanar esta permanente variación y variabilidad que tienen los precios, que les permite garantizar entonces un valor más permanente en el largo plazo y eso es lo que nosotros creemos que el pequeño agricultor está valorando cada vez más.

El anuncio de creación del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural constituye, en principio, una buena noticia para Chile respecto de un anhelado y necesario proceso de modernización de la institucionalidad alimentaria, a mi juicio, incomprensiblemente postergado por los diferentes gobiernos que se han sucedido en los últimos veinte años, aun cuando todos y cada uno de ellos en sus propuestas de gobierno, evidenciaron el tema como una urgencia y una oportunidad.

Sin embargo, habiendo realizado un análisis crítico detallado del proyecto de Ley enviado a tramitación parlamentaria hace tan solo algunos días por el Presidente de la República, lamentablemente se debe señalar que, más allá de la señal política que se ha querido dar con ello, la propuesta es, por ser condescendiente, de una “ingenuidad” que llama la atención.

Se trata de un texto de escasas veintitrés páginas, para una transformación estructural, profunda y compleja. De ellas, el mensaje presidencial, entre antecedentes y diagnósticos, corresponde a la mitad. En él se intenta justificar con pocas y desactualizadas referencias, abundantes juicios y muchos lugares comunes, la agrupación bajo el mismo paraguas institucional de temas tan disímiles y complejos como la producción agropecuaria, acuícola, pesquera y alimentaria por una parte, la actividad silvícola por otra e incluso el desarrollo rural.

Se evidencia un equívoco concepto de necesidad de integración institucional, atribuyendo al futuro Ministerio, por el simple hecho de su creación, efectos casi inmediatos en materia de coordinación y sinergias institucionales, articulación público privada y, lo que es más grave aún, impactos en la competitividad, el desarrollo exportador, la sustentabilidad ambiental y el bienestar y calidad de vida de las personas.

Muchos podrán decir que lo anterior corresponde solo a comentarios y que las declaraciones del mensaje presidencial, sin duda bien intencionadas, en mayor o menor medida podrían ser alcanzadas con un proceso de modernización institucional profundo y serio. Lamentablemente, el problema está justamente en que la propuesta que se expone de la página doce en adelante no se condice con la altisonancia y grandilocuencia del mensaje.

Al revisar sus contenidos no solo no existe un solo elemento que puedan dar luces respecto de cómo se realizará este proceso para dar cumplimiento a promesas de crecimiento, sustentabilidad y calidad de vida, (lo relativo a probidad, transparencia y eficiencia, por obvio no merece comentario alguno, salvo preguntarse si en ausencia de este proyecto, ellas no son condiciones que el actual ministerio debe garantizar), sino que las definiciones de objetivos funciones, organización, personal y plazos de la nueva institucionalidad verdaderamente dejan más dudas que certezas. A continuación, desde mi perspectiva, algunas de las principales:

• Uno de los elementos fundantes de la propuesta es la necesidad de aproximarse a una mirada sistémica de las cadenas de valor agropecuaria, silvícola, acuícola y pesquera. Sin embargo, en lo concreto se trasluce en cada acción propuesta una aproximación sectorial, productivista y de corte agrario que es justamente, lo que se supone se busca superar. Es una propuesta de Ministerio de Agricultura que quiere ser de los Alimentos pero que no se desprende de su herencia sectorial.

• Un segundo elemento es la contradictoria declaración acerca de la importancia de la coordinación y de la participación de los actores articulados desde la nueva figura institucional, ya que en la preparación de esta propuesta no existió ni el más mínimo nivel de articulación y participación con ellos. Hasta donde se conoce, ni los equipos de la Subsecretaría de Salud Pública, ni de la de pesca, o del SERNAPESCA, por citar algunos, fueron consultados ni participados, estando todas estas instituciones, profundamente relacionadas desde su rol, sus funciones, su organización y dependencia, con la nueva propuesta.

Tampoco hubo participación al interior del propio Ministerio, de instituciones como ACHIPIA, INDAP, SAG o CONAF, que son actores claves en los temas centrales del proyecto. Y no estoy refiriéndome a las autoridades circunstanciales que están tomando estas decisiones institucionales determinantes, sino que a los equipos técnicos que conocen, saben, han estado ahí por mucho tiempo y tienen algo que decir y aportar en estos temas. Menos aún se consultó o debatió con contrapartes de la industria, de profesionales ni de la academia, de asociaciones de funcionarios y, ni qué decir, de la participación de la sociedad civil. Así la propuesta nace con una debilidad estructural que en estos tiempos es difícil de comprender y que sin dudas hará muy difícil su discusión parlamentaria.

• Un tercer elemento preocupante es la debilidad de contenidos en el abordaje de materias como los de sanidad, inocuidad y calidad, no haciéndose cargo, más allá de genéricas declaraciones, de las complejas problemáticas sanitarias, económicas, productivas y comerciales, que del punto de vista regulatorio y del fomento productivo, ellas implican. Solo queda claro que se facultará al SAG con nuevas atribuciones en la materia, y que se suscribirá un protocolo con el Ministerio de Salud para abordar posibles superposiciones, duplicidades, contiendas de competencias y otros. Ello no solo es vago, o ingenuo, sino que deja traslucir una falta de conocimiento en la materia, sin duda agravado por la evidente falta de participación y asesoramiento de equipos técnicos conocedores de estas complejidades.

De la lectura de este componente, surge de inmediato preguntarse si el Ministerio de Salud abdicará del mandato que tiene en materia de control de alimentos, entregando las potestades que le otorga el código sanitario a Agricultura, incluyendo la administración del Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA). Ello merece más de una duda. Será interesante ver qué opinan al respecto, las comisiones de salud de la Cámara y el Senado o el Colegio Médico y las asociaciones de profesionales de la salud.

Por último, no podría dejar de mencionar en mi calidad de ex Secretario Ejecutivo de ACHIPIA, la preocupación por la total omisión del rol de la Agencia en las referencias a temas de inocuidad. Da la impresión de que, en este diseño, lamentable y equivocadamente se pretende suprimirla, lo que no solo es un error sino que da cuenta del profundo desconocimiento que en estas materias tienen quienes la elaboraron, retrotrayendo incluso lo obrado en el gobierno del propio Presidente Piñera en su anterior administración, y desconociendo las promesas programáticas del actual gobierno. Todo ello hoy tiene desgraciadamente a la Agencia, otrora modelo de modernización institucional de vanguardia único en la región, disminuida, desperfilada y a la deriva.

• Tampoco queda claro el involucramiento en el futuro ministerio en materia de desarrollo rural del INDAP ni de ODEPA, ambas instituciones que sin duda debiesen tener un rol preponderante en un eventual abordaje de esta naturaleza en las políticas del nuevo Ministerio. Tampoco se hace referencia a la vinculación con el Ministerio de Desarrollo Social, el que solo se menciona tangencialmente al atribuir supuestos logros significativos al Programa Elije Vivir Sano. Más allá de este último programa y sus resultados, ¿no son acaso el Ministerio de Desarrollo Social, la SUBDERE y los gobiernos regionales más que Agricultura las entidades públicas llamadas a coordinar las políticas de desarrollo rural y la articulación institucional en esta materia? ¿Entregarán sus competencias a Agricultura entonces? Nada de ello es claro en el proyecto de ley. Por último, pensar que el desarrollo rural se articula en una mirada de futuro desde la actividad agrícola, es al menos vivir anclados en un paradigma claramente anacrónico, sin sustento en la realidad contemporánea.

• En relación al tema forestal, quedan profundadas interrogantes respecto del rol de la CONAF y el INFOR, y su permanencia o no bajo dependencias del nuevo ministerio, y su vinculación con el Ministerio del Medio Ambiente. Lo mismo ocurre con el cambio de dependencia de la Subsecretaría de Pesca y sus organismos dependientes o relacionados al nuevo Ministerio. En este último punto bien vale preguntarse qué aporta en todo esto el traspaso. ¿Es verdaderamente necesario, el sector lo necesita? De lo que se traduce del texto propuesto, se trata de un traspaso a fardo cerrado que a simple vista no agrega ningún valor, salvo al Ministerio de Agricultura que se hace
del control del sector más dinámico y pujante de la industria alimentaria.

• Como si todo lo anterior no fuese suficiente, la perplejidad se acentúa aún más al constatar en los títulos III y IV que todo lo anterior se realizará prácticamente con el mismo personal con el que cuenta hoy el MINAGRI y en plazos verdaderamente escasos. Imagino que las asociaciones de funcionarios de las múltiples reparticiones públicas involucradas en este proceso ya habrán tomado nota de ello y estarán preparando sus consultas y aprensiones sobre el particular. Seguramente, este tampoco será un punto menor en la discusión.

Lamentablemente, este anuncio recuerda mucho lo ocurrido a fines del gobierno anterior de Sebastián Piñera, en el que un grupo de expertos, entre cuatro paredes, sin ningún tipo de participación ni consulta, elaboró un proyecto de Ley en el mismo sentido que el actual, el que fue enviado a tramitación legislativa, que evidentemente no superó ni el primer trámite.

A objeto de enmendar el rumbo y no volver a perder la oportunidad de avanzar en este tan necesario proceso de modernización institucional, sería interesante que desde el Parlamento se active una discusión abierta y participativa convocando a todos los actores interesados en dar su opinión e involucrase en el diseño de un nuevo Ministerio de Agricultura y Alimentos para Chile.

Por: Michel Leporati, director CERES BCA