El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) informó, a través del informe parcial de situación silvoagropecuaria, que al 13 de febrero, son 6.257 los animales muertos a causa de los incendios forestales.

A la fecha, y sobre la base de estimaciones preliminares de los equipos regionales de INDAP, se ha registrado un total de 6.800 productores(as) damnificados por la catástrofe de incendios forestales ocurrida en el presente mes de febrero 2023, en diversas comunas de las regiones de Maule, Biobío, Ñuble y Araucanía.  

Afectados estimados por región al 12/02/2023
• Maule: 800
• Ñuble: 1.500
• Biobío: 2.500
• Araucanía: 2.000
• Total: 6.800
(Esta información puede variar porque la emergencia está en desarrollo)

Así mismo, Indap entregó un balance de los animales catastrados afectados por la emergencia

Al 14 de febrero, se han catastaron un total de 22.488 agricultores, de los cuales, el 70% son usuarios INDAP y con ello un total de 35.256 unidades animales, compuesto por vacunos, ovejas, cabras, cerdos, equinos, asnales y aves. De los cuales 6.257 han muerto por efecto del fuego, donde el 65% corresponde a aves, seguidos por un 18% de vacunos, 8% cabras, un 4% de ovejas y un 2% de cerdos y 1% de caballares. 20.735 requieren alimentación. En el rubro apícola se han catastrado un total de 14.246 colmenas, siendo afectadas por el incendio un 11.310 que representa un 79% del total. De las colmenas afectadas, un 12% tenían seguro agrícola.

Se han reportado 1.839 hectáreas de cultivos afectados por el incendio, donde un 57% producción forrajera, un 21% son cultivos frutales, un 18% de Cereales, legumbres y C. industriales y finalmente un 3% de hortalizas.

En infraestructura productiva, hay pérdida de 1.892 kilómetros lineales de cerco de alambres destruidos en las distintas regiones. También se ha constatado la pérdida de 45 corrales, 244 bodegas y galpones y 88 invernaderos. Por otra parte, también se cuenta la pérdida de 299 hectáreas de sistemas de riego destruidos por causa del incendio. Reportando además 63 casetas de riego, 88 obras de acumulación y 25 pozos y norias afectados por el incendio.

De todas maneras, ante la emergencia, el Gobierno ha dispuesto de ayuda a quienes se vean afectado, con financiamiento inmediato de emergencia para alimentación y bebida animal y apícola, prórrogas automáticas de créditos y seguro agropecuario. Toda esta información está publicada en el sitio web de Indap

Con el paso del tiempo la pequeña agricultura ha ido incorporando tecnología y mejorando su producción, sin embargo, aun enfrenta una gran dificultad: el proceso de comercialización. Bajo este escenario es que en el año 2007 surgieron las alianzas productivas, un mecanismo de Indap que tiene por objetivo generar un encadenamiento entre la producción y el proceso de comercialización.

Hace diez años los planes de la viña Miguel Torres Chile apuntaban a la elaboración del espumante Estelado, un rosé elaborado con uva País. El desafío entonces pasaba por el abastecimiento de esta variedad. Fue así como dieron con Viñedos Esperanza de la Costa, una agrupación de 18 productores que trabajaban de manera asociativa esta uva. Comenzó entonces un proyecto de alianza productiva entre ambas partes, basado en viñedos que en promedio superan los cincuenta años y que corresponde a una de las variedades más antiguas introducidas en Chile, en general propiedad de pequeños viticultores.

Si bien diferentes viticultores se dedicaban a la producción de esta variedad, la viña apuntaba precisamente a un grupo. El objetivo era asegurar un estándar de calidad, ya que cada productor por separado no manejaba las técnicas para llegar a las condiciones de uva que se buscaban, según consigna Eduardo Jordán, director técnico y enólogo de Miguel Torres Chile.

“La uva en los programas de alianza productiva nos servía mucho pero había otros productores que también nos podían haber servido. Lo que pasa es que esto a nosotros también nos facilita el trabajo. La capacitación no tienes que hacerla a cada productor y además ellos mismos, como son una alianza de productores, se preocupan de respetar los estándares que nosotros les solicitamos”, comenta y añade que es muy importante que exista una figura de líder en el grupo, con quien ellos se comunican y se preocupa de que todos dentro de la alianza realicen los trabajos requeridos.

De esta manera, entre los beneficios que obtienen los productores destacan las asesorías técnicas, las que van de la mano con las otras dos ventajas: certificaciones y buenos precios.

BENEFICIOS CERTIFICADOS

Cuando estos dieciocho productores se unieron hace diez años el objetivo era lograr un mejor precio y poder seguir cultivando esta variedad para no tener que arrancar sus viñedos. Según cuenta Secundina Vásquez, presidente de Viñedos Esperanza de la Costa, gracias a la alianza productiva pudieron cumplir esta meta. Y es que por medio de ésta pudieron realizar la certificación orgánica, de la que sólo financian el 10%.

“Eso es lo que nos pone el mayor precio a nuestra uva. La vendemos muy bien gracias a la certificación orgánica, y también al Fair Trade (comercio justo)”, señala Vásquez.

Una posición similar muestra Jordán, quien asegura que el beneficio más directo para los agricultores es la compra de sus uvas a precio “Fair Trade”, el que incluso puede triplicar el valor de mercado por un kilo de uva.

Respecto de los precios, agrega que a nivel general en la temporada 2019 estuvieron muy bajos, alrededor de $80 o $90, mientras que Miguel Torres pagó un valor entre los $210 y $230. “Es un precio con el que el productor gana y tiene una rentabilidad que hemos calculado en alrededor de 10%”, aclara.

Pero al buen precio que obtienen los productores, entre los beneficios se suma la asesoría técnica que reciben. Además del apoyo técnico del área agrícola de la compañía, también cuentan a través de la alianza con un asesor vitícola. “La asesoría técnica durante todo el año le permite al viticultor evolucionar y mantenerse vigente. Pasa de tener conocimientos respecto de un manejo de viñedo convencional a uno orgánico, certificando sus uvas a orgánicas y teniendo viñedos más rentables”, añade Jordán.

BENEFICIOS PARA LA MIGUEL TORRES

El objetivo de la alianza productiva es que ambas parten ganen. En el caso de Miguel Torres el principal beneficio pasa por la distinción y calidad. “Trabajamos la agricultura orgánica y Comercio Justo, certificaciones que nos permiten entregar un producto con un valor agregado y diferenciarnos de los del mercado”, comenta Jordán y resume que lo más relevante es que logran el producto que desean, el que fuera de una alianza sería muy difícil

Hoy en día el total de la producción de uva país de esta asociación tiene un solo poder comprador: Miguel Torres Chile, compañía que requiere una certeza de la cantidad de kilos que va a recibir. Si bien tienen la prioridad —por encontrarse bajo el esquema de alianza productiva—, Jordán aclara que si un productor decide vender un porcentaje a un tercero, es algo que puede ser, siempre que se haya conversado desde un principio.

Sin embargo, ambas partes coinciden en que dado los buenos precios que obtienen los agricultores por sus certificaciones, no les convendría

Con el paso del tiempo la pequeña agricultura ha ido incorporando tecnología y mejorando su producción, sin embargo, aun enfrenta una gran dificultad: el proceso de comercialización. Bajo este escenario es que en el año 2007 surgieron las alianzas productivas, un mecanismo de Indap que tiene por objetivo generar un encadenamiento entre la producción y el proceso de comercialización.

Por un lado una entidad gubernamental en búsqueda de empresas con el fin de encadenar pequeños productores con compañías formales. Por el otro, una firma reconocida a nivel nacional con sus propios objetivos. Sin saberlo, se podían ayudar mutuamente. Una coincidencia que derivó en una alianza que se mantiene hasta el día de hoy.

Corría el año 2012 e Indap de la Región del Maule buscaba empresas con trayectoria y sólidas económicamente para invitarlas a participar del Programa de Alianzas Productivas en esta zona. Por su parte Tucapel, que posee su planta productiva en la zona del Maule Sur y que cumplía con estos requisitos, buscaba ampliar su abastecimiento en legumbres.

El hecho de que se tratara de una zona tradicionalmente productora de legumbres y que además se encontrara en el radio de acción de su planta productora, fue lo que empujó a Tucapel a enviar a un equipo, junto a Indap, para levantar información de quiénes podrían ser los posibles proveedores, específicamente para poroto tórtola (ver recuadro). Así fue que desde ese mismo año surgió una alianza productiva entre Empresas Tucapel y un grupo de productores de la zona, que hoy alcanzan los 46.

Pero otro factor que llevó a Tucapel a dar el sí fue el conocimiento que estos productores tienen del cultivo. Según recuerda Bárbara Torres, Brand Manager de Empresas Tucapel, la legumbre en general se trata de un cultivo cuya decisión de siembra depende mucho de cómo estuvo el precio de la temporada. Sin embargo, este grupo correspondía a productores de legumbres. “Eso tiene un valor increíble para la empresa, de saber que ellos eran por tradición productores de legumbre, o sea conocen el cultivo, se dedicaron a éste y fue pasando de generación en generación. Por temas de mercado muchos lo fueron perdiendo porque no tenían a quién venderle. Entonces había una preocupación también del grupo de agricultores de decir es nuestro cultivo de la zona, donde se da bien y donde hay buenos rendimientos”, comenta Torres, quien agrega que para Tucapel lo relevante es la calidad y no la superficie que posean los agricultores.

“Que esté en manos de pequeños productores no significaba que fueran menos importante para la cadena de abastecimiento, porque estaba muy atomizado ahí entonces finalmente no estás encontrando uno o dos, sino que un grupo de agricultores con pequeñas superficies pero grandes agricultores porque conocían el cultivo”.

Un total de diez hectáreas de poroto —de las cuales ocho corresponden al poroto zorzal, ex tórtola, y dos al blanco— posee Sergio Aravena, uno de los productores que forma parte de la alianza productiva. Lleva quince años como agricultor y se ubica en el sector Lora Huapi, comuna de Licantén, provincia de Curicó, una zona en la que siempre se ha cultivado poroto. Aclara que la producción es buena, ha tenido buenos rendimientos, ubicándose en promedio sobre los 30 quintales por hectárea. ¿La razón? Las características del sector.

En primer lugar destaca el terreno, que posee buenos nutrientes, además del clima húmedo, lo que genera que los cultivos no requieran tanto riego. “Con cinco riegos en la temporada e incluso menos los porotos están bien”, comenta.

Hoy Aravena le vende el total de su producción a Tucapel, una unión que él defiende. Y es que trae beneficios para ambas partes.

UN WIN-WIN

La zona donde se encuentra Sergio Aravena se ubica a unos 120 km de la ciudad de Curicó, misma distancia que tiene aproximadamente hacia Talca. De esta manera la salida de su producto, debido al traslado, se hacía muy difícil. “Tener un centro comprador, y bueno, aquí en la zona, para nosotros es muy importante”, comenta el productor, quien agrega que además es una planta que da la posibilidad de recibir toda la cosecha si no tienen a quién más venderle. Y es que los productores no cuentan con la obligación de venderle a la empresa, es decir, no hay ningún contrato que especifique que toda la producción se le debe entregar a Tucapel.

“Es un acuerdo de caballero. Como estoy participando dentro de un programa de alianza y recibo asesorías y visitas técnicas, tengo la primera posibilidad de venderle a esta empresa. Pero si el agricultor encuentra que hay un precio que es más razonable para él, puede vender a otro poder comprador. Por otro lado, no es lo mismo participar en una alianza que no hacerlo, porque hay asesoría directa y personas especializadas”, explica Torres.

Con ello coincide Aravena, quien señala que no existe una obligación escrita, pero sí moral, dado que entregan una serie de servicios técnicos para que la producción sea de calidad. A modo de ejemplo cuenta que este año ha recibido dos visitas para ver cómo iba la post siembra y la granada. “Me van diciendo qué líquido falta o en qué condiciones debo hacer la arranca, es decir, me van dirigiendo. A pesar de que uno sabe todo el teje y maneje del poroto, nunca se lo sabe todo, de tal manera que hay que estar atento a lo que indiquen los técnicos”.

A juicio de Bárbara Torres esta alianza es un win-win. Existe un traspaso de conocimiento desde los técnicos hacia los productores y desde ellos a la empresa, pero la principal ventaja para la compañía pasa por la seguridad de abastecimiento, junto con poseer una calidad estándar.

“Hemos tenido una relación muy cercana con nuestros agricultores, entonces finalmente es un ganar-ganar. El agricultor traspasa también sus conocimientos y nosotros hemos podido conocer del cultivo, además de traspasar conocimientos técnicos para que la tradición no se quede en la tradición, sino que haya mejora en los campos”, comenta.

Hoy en día ambas partes de la cadena definen la relación de trabajo como una de confianza. La transparencia en la entrega de información ha jugado un rol clave.

UNA RELACIÓN DE CONFIANZA

Un trato de confianza y con honestidad es el que describe Bárbara Torres, lo que no sólo se refleja en la entrega de información, sino que también en los pagos a los agricultores. Según comenta, se aclara por ejemplo el precio que hay en la temporada, se les especifica lo que se les va a pagar y referido a qué tema y se les entrega una liquidación directa, una forma de trabajo que a su juicio ha dado resultados positivos y ha sido beneficioso para ambas partes.

En este sentido, Aravena especifica que Tucapel realiza el depósito, ya sea en cuenta corriente o de ahorro, en el plazo de una semana más o menos, o el que prefiere se le cancela mediante un cheque. Y añade que en todos estos años en que han realizado entregas a la empresa, ninguno de los agricultores ha tenido problemas referidos al pago, conducta que ha construido confianza.

Lo que comenzó como una coincidencia se ha transformado en una relación de trabajo que ya lleva ocho años. Ambas partes de la cadena salen beneficiadas. Es precisamente por ello que se han convertido en los aliados perfectos.

EL PRODUCTO PREFERIDO

Si bien ya en 2012 Empresas Tucapel contaba con abastecimiento de poroto tórtola, por medio de productores e intermediarios, el formar parte de una alianza ayuda a aumentar la participación y contar con un abastecimiento seguro. Se trata de dos aspectos que cobran vital relevancia al tratarse además del producto preferido por los consumidores.

“Cuando está en góndola y el tórtola tiene un precio más competitivo que los otros porotos (hallado, negro o blanco) el consumidor va a ir por el tórtola porque es el más consumido y el más gustoso al paladar”, explica Bárbara Torres, Brand Manager de Empresas Tucapel.

En la decisión de realizar la alianza productiva por este tipo de legumbre incidió también el hecho de que hay un trabajo de mejoramiento genético y una labor de INIA en relación a la semilla. “Estaba todo, los productores de tórtola que conocían el cultivo y era de tradición: INIA trabaja el tema de la semilla y es el preferido por los consumidores. Todo ese abanico de variables se conjugó perfecto e ingresamos con el tórtola”, concluye Torres.

La biología representa muy bien las distintas posibilidades que existen entre la relación de dos individuos con características distintas dentro de un mismo ecosistema. Así como existen relaciones de competencia, también están descritas aquellas situaciones en que ambas partes se ven beneficiadas por el vínculo establecido. A esto se lo llama simbiosis. Y del mismo modo en que ciertos árboles conviven con hongos, a través de micorrizas, para que ambos obtengan más nutrientes, lo mismo puede ocurrir en los ecosistemas productivos. Un pequeño agricultor -o un grupo- que se vincula con una empresa grande para que ambos saquen provecho de la relación.

Con el paso del tiempo la pequeña agricultura ha ido incorporando tecnología y mejorando su producción, sin embargo, enfrenta todavía una gran dificultad: el proceso de comercialización. Bajo este escenario es que en el año 2007 surgieron las alianzas productivas, un mecanismo de Indap que tiene por objetivo precisamente generar un encadenamiento entre la producción y el proceso de comercialización.

“En el caso de la pequeña agricultura esto lo logramos a través de las alianzas productivas porque nos permite que agricultores trabajen en forma asociativa y puedan tener un vínculo y recibir asesoría técnica desde la empresa o instancia donde van a comercializar, lo que a su vez les permite producir la calidad, variedad y volumen que necesita ese poder comprador”, detalla Carlos Recondo, director nacional de Indap, institución que contribuye con recursos para apoyar esta asistencia técnica.

Este financiamiento varía dependiendo del volumen y tamaño de la empresa, pero a modo de ejemplo, durante el año pasado destinaron alrededor de $2.600 millones.

Lo que se busca con este tipo de alianzas es que las partes beneficiadas sean las dos. Si bien al pequeño productor le sirve para poder comercializar sus productos y a la vez mejorar el nivel de producción, dadas las asesorías técnicas, las compañías obtienen una serie de ventajas, y no menores. En primer lugar se puede mencionar la calidad y características del producto que reciben, uno “moldeado a su pinta” debido precisamente a que ellos mismos son quienes brindan parte de las asesorías.

Pero más allá de asegurarse un estándar de calidad, tienen garantizado un abastecimiento que de alguna manera aporta a su canasta productiva. A modo de ejemplo, Tucapel mantiene una alianza productiva para abastecerse de poroto tórtola, una legumbre que si bien producía antes de este programa, con él logró incrementar el volumen. Otro caso es el de la viña Miguel Torres Chile, que buscaba abastecimiento de uva País para la producción de un espumante, una variedad algo olvidada en ese entonces. De esta manera, la certeza tanto en calidad como en volumen es algo muy relevante para la otra parte de la cadena.

Hoy en día existen 88 alianzas funcionando a nivel país con 3.530 usuarios, según datos de Indap al año 2019. De este total, casi la mitad de los programas se concentran en la Región del Maule, seguida por Ñuble y Los Ríos, zonas donde también se ha avanzado de forma importante. Pero las proyecciones de este programa apuntan a avanzar en distintas direcciones.

¿Qué planes tienen a futuro con este programa?

Le hemos pedido a todas las regiones que esto sea un trabajo prioritario. Nosotros las alianzas productivas lo tenemos incorporado en nuestro lineamiento de asociatividad y mercado. Es uno de los instrumentos que nos permite conseguir este objetivo de vincular al productor con el mercado. Entonces queremos que todas las regiones pongan el mayor empeño para ir generando más alianzas productivas, queremos avanzar este 2020 a 4.500 agricultores funcionando a través de estos programas y con distintas empresas.

Pero también alianzas que sean de empresas campesinas asociativas, o sea, empresas formadas por pequeños agricultores que también se pueden constituir como poder comprador. Así se han organizado por ejemplo agrofrutícolas de pequeños agricultores que son del rubro berries y que ellos les compran a pequeños productores también y ahí se conforman alianzas productivas.

¿Cómo buscan atraer más grandes empresas?

Estamos en conversaciones permanentemente, ahí hay una tarea de relaciones de vínculo humano entre Indap y las propias empresas en cada región. Yo personalmente me reúno con las empresas para afinar las posibilidades de que ellos den el paso de armar una alianza productiva con pequeños productores y diría que aquí hay un trabajo y un esfuerzo que tienen que hacer los ejecutivos de Indap para promover este programa, este producto que muchas veces también es desconocido por muchas empresas.

¿Existe algún requisito que debe cumplir la empresa grande para participar?

No. Para ellos que los productores satisfagan un conjunto de exigencias. Las empresas grandes probablemente son aún más exigentes en materia de Buenas Prácticas Agrícolas, en materia de inocuidad, de calidad, de variedades y en esa perspectiva la exigencia que le hacemos nosotros es que el porcentaje de la asistencia técnica que ellos deben financiar y cubrir sea mayor.

¿Qué beneficios obtienen estas compañías y los productores?

Las compañías reciben el beneficio de tener asegurado un abastecimiento y cierta calidad de producto. Ellos tienen la certeza de que van a tener un volumen de toneladas o una cantidad de agricultores que van a producir lo que ellos necesitan. Diría que son los máximos beneficios que logra la empresa.

Para los productores es poder tener mayores certezas. La agricultura está siempre llena de riesgos e incertidumbres, desde la incertidumbre climática, que es cada vez mayor debido al cambio climático, a la incertidumbre de los mercados, que siempre tienen variaciones. Somos un país abierto, estamos expuestos a todo lo que pasa en el exterior y por lo tanto el mercado es un desafío permanente.

Asimismo, incorporarse a las nuevas tecnologías también es un desafío para los productores y mediante estas alianzas productivas logran avanzar en eso, en alcanzar buen nivel tecnológico, buenas prácticas agrícolas, buena calidad, pero además tener certezas de que su producción finalmente va a poder llegar al mercado, y van a poder vender en un precio razonable, en un precio relativamente estable, en un precio que incluso pueden conocer con anticipación. Esas certezas valen mucho en cualquier actividad económica y particularmente en la agricultura.

¿Qué es lo diferenciador que pueden entregar estos agricultores versus un productor más grande?

El pequeño productor normalmente tiene buena calidad de producto, tiene una dedicación muy personal a sus producciones y además es un productor, y por eso hemos promovido la asociatividad que nos interesa seguir promoviendo, que puede resolverle a la empresa problemas de volumen de compra en forma asociativa y alcanzar así abastecer de mejor manera a la compañía. El pequeño productor es muy fiel en términos de hacer el esfuerzo permanente por entregar la calidad que le están pidiendo.

¿Existe una obligación del productor de venderle exclusivamente a la empresa con quien tiene la alianza?

Existen contratos y convenios que efectivamente en algunos más y en algunos menos, comprometen la producción anticipadamente. Es una dificultad que a veces se presenta y dependiendo de las condiciones del precio del mercado, a veces haya agricultores que quieran salirse en el momento de la comercialización y comercializar por fuera cuando a veces hay precios que les conviene. Pero esto hay que mirarlo en el largo plazo. En el largo plazo permite aplanar esta permanente variación y variabilidad que tienen los precios, que les permite garantizar entonces un valor más permanente en el largo plazo y eso es lo que nosotros creemos que el pequeño agricultor está valorando cada vez más.

El anuncio de creación del Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural constituye, en principio, una buena noticia para Chile respecto de un anhelado y necesario proceso de modernización de la institucionalidad alimentaria, a mi juicio, incomprensiblemente postergado por los diferentes gobiernos que se han sucedido en los últimos veinte años, aun cuando todos y cada uno de ellos en sus propuestas de gobierno, evidenciaron el tema como una urgencia y una oportunidad.

Sin embargo, habiendo realizado un análisis crítico detallado del proyecto de Ley enviado a tramitación parlamentaria hace tan solo algunos días por el Presidente de la República, lamentablemente se debe señalar que, más allá de la señal política que se ha querido dar con ello, la propuesta es, por ser condescendiente, de una “ingenuidad” que llama la atención.

Se trata de un texto de escasas veintitrés páginas, para una transformación estructural, profunda y compleja. De ellas, el mensaje presidencial, entre antecedentes y diagnósticos, corresponde a la mitad. En él se intenta justificar con pocas y desactualizadas referencias, abundantes juicios y muchos lugares comunes, la agrupación bajo el mismo paraguas institucional de temas tan disímiles y complejos como la producción agropecuaria, acuícola, pesquera y alimentaria por una parte, la actividad silvícola por otra e incluso el desarrollo rural.

Se evidencia un equívoco concepto de necesidad de integración institucional, atribuyendo al futuro Ministerio, por el simple hecho de su creación, efectos casi inmediatos en materia de coordinación y sinergias institucionales, articulación público privada y, lo que es más grave aún, impactos en la competitividad, el desarrollo exportador, la sustentabilidad ambiental y el bienestar y calidad de vida de las personas.

Muchos podrán decir que lo anterior corresponde solo a comentarios y que las declaraciones del mensaje presidencial, sin duda bien intencionadas, en mayor o menor medida podrían ser alcanzadas con un proceso de modernización institucional profundo y serio. Lamentablemente, el problema está justamente en que la propuesta que se expone de la página doce en adelante no se condice con la altisonancia y grandilocuencia del mensaje.

Al revisar sus contenidos no solo no existe un solo elemento que puedan dar luces respecto de cómo se realizará este proceso para dar cumplimiento a promesas de crecimiento, sustentabilidad y calidad de vida, (lo relativo a probidad, transparencia y eficiencia, por obvio no merece comentario alguno, salvo preguntarse si en ausencia de este proyecto, ellas no son condiciones que el actual ministerio debe garantizar), sino que las definiciones de objetivos funciones, organización, personal y plazos de la nueva institucionalidad verdaderamente dejan más dudas que certezas. A continuación, desde mi perspectiva, algunas de las principales:

• Uno de los elementos fundantes de la propuesta es la necesidad de aproximarse a una mirada sistémica de las cadenas de valor agropecuaria, silvícola, acuícola y pesquera. Sin embargo, en lo concreto se trasluce en cada acción propuesta una aproximación sectorial, productivista y de corte agrario que es justamente, lo que se supone se busca superar. Es una propuesta de Ministerio de Agricultura que quiere ser de los Alimentos pero que no se desprende de su herencia sectorial.

• Un segundo elemento es la contradictoria declaración acerca de la importancia de la coordinación y de la participación de los actores articulados desde la nueva figura institucional, ya que en la preparación de esta propuesta no existió ni el más mínimo nivel de articulación y participación con ellos. Hasta donde se conoce, ni los equipos de la Subsecretaría de Salud Pública, ni de la de pesca, o del SERNAPESCA, por citar algunos, fueron consultados ni participados, estando todas estas instituciones, profundamente relacionadas desde su rol, sus funciones, su organización y dependencia, con la nueva propuesta.

Tampoco hubo participación al interior del propio Ministerio, de instituciones como ACHIPIA, INDAP, SAG o CONAF, que son actores claves en los temas centrales del proyecto. Y no estoy refiriéndome a las autoridades circunstanciales que están tomando estas decisiones institucionales determinantes, sino que a los equipos técnicos que conocen, saben, han estado ahí por mucho tiempo y tienen algo que decir y aportar en estos temas. Menos aún se consultó o debatió con contrapartes de la industria, de profesionales ni de la academia, de asociaciones de funcionarios y, ni qué decir, de la participación de la sociedad civil. Así la propuesta nace con una debilidad estructural que en estos tiempos es difícil de comprender y que sin dudas hará muy difícil su discusión parlamentaria.

• Un tercer elemento preocupante es la debilidad de contenidos en el abordaje de materias como los de sanidad, inocuidad y calidad, no haciéndose cargo, más allá de genéricas declaraciones, de las complejas problemáticas sanitarias, económicas, productivas y comerciales, que del punto de vista regulatorio y del fomento productivo, ellas implican. Solo queda claro que se facultará al SAG con nuevas atribuciones en la materia, y que se suscribirá un protocolo con el Ministerio de Salud para abordar posibles superposiciones, duplicidades, contiendas de competencias y otros. Ello no solo es vago, o ingenuo, sino que deja traslucir una falta de conocimiento en la materia, sin duda agravado por la evidente falta de participación y asesoramiento de equipos técnicos conocedores de estas complejidades.

De la lectura de este componente, surge de inmediato preguntarse si el Ministerio de Salud abdicará del mandato que tiene en materia de control de alimentos, entregando las potestades que le otorga el código sanitario a Agricultura, incluyendo la administración del Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA). Ello merece más de una duda. Será interesante ver qué opinan al respecto, las comisiones de salud de la Cámara y el Senado o el Colegio Médico y las asociaciones de profesionales de la salud.

Por último, no podría dejar de mencionar en mi calidad de ex Secretario Ejecutivo de ACHIPIA, la preocupación por la total omisión del rol de la Agencia en las referencias a temas de inocuidad. Da la impresión de que, en este diseño, lamentable y equivocadamente se pretende suprimirla, lo que no solo es un error sino que da cuenta del profundo desconocimiento que en estas materias tienen quienes la elaboraron, retrotrayendo incluso lo obrado en el gobierno del propio Presidente Piñera en su anterior administración, y desconociendo las promesas programáticas del actual gobierno. Todo ello hoy tiene desgraciadamente a la Agencia, otrora modelo de modernización institucional de vanguardia único en la región, disminuida, desperfilada y a la deriva.

• Tampoco queda claro el involucramiento en el futuro ministerio en materia de desarrollo rural del INDAP ni de ODEPA, ambas instituciones que sin duda debiesen tener un rol preponderante en un eventual abordaje de esta naturaleza en las políticas del nuevo Ministerio. Tampoco se hace referencia a la vinculación con el Ministerio de Desarrollo Social, el que solo se menciona tangencialmente al atribuir supuestos logros significativos al Programa Elije Vivir Sano. Más allá de este último programa y sus resultados, ¿no son acaso el Ministerio de Desarrollo Social, la SUBDERE y los gobiernos regionales más que Agricultura las entidades públicas llamadas a coordinar las políticas de desarrollo rural y la articulación institucional en esta materia? ¿Entregarán sus competencias a Agricultura entonces? Nada de ello es claro en el proyecto de ley. Por último, pensar que el desarrollo rural se articula en una mirada de futuro desde la actividad agrícola, es al menos vivir anclados en un paradigma claramente anacrónico, sin sustento en la realidad contemporánea.

• En relación al tema forestal, quedan profundadas interrogantes respecto del rol de la CONAF y el INFOR, y su permanencia o no bajo dependencias del nuevo ministerio, y su vinculación con el Ministerio del Medio Ambiente. Lo mismo ocurre con el cambio de dependencia de la Subsecretaría de Pesca y sus organismos dependientes o relacionados al nuevo Ministerio. En este último punto bien vale preguntarse qué aporta en todo esto el traspaso. ¿Es verdaderamente necesario, el sector lo necesita? De lo que se traduce del texto propuesto, se trata de un traspaso a fardo cerrado que a simple vista no agrega ningún valor, salvo al Ministerio de Agricultura que se hace
del control del sector más dinámico y pujante de la industria alimentaria.

• Como si todo lo anterior no fuese suficiente, la perplejidad se acentúa aún más al constatar en los títulos III y IV que todo lo anterior se realizará prácticamente con el mismo personal con el que cuenta hoy el MINAGRI y en plazos verdaderamente escasos. Imagino que las asociaciones de funcionarios de las múltiples reparticiones públicas involucradas en este proceso ya habrán tomado nota de ello y estarán preparando sus consultas y aprensiones sobre el particular. Seguramente, este tampoco será un punto menor en la discusión.

Lamentablemente, este anuncio recuerda mucho lo ocurrido a fines del gobierno anterior de Sebastián Piñera, en el que un grupo de expertos, entre cuatro paredes, sin ningún tipo de participación ni consulta, elaboró un proyecto de Ley en el mismo sentido que el actual, el que fue enviado a tramitación legislativa, que evidentemente no superó ni el primer trámite.

A objeto de enmendar el rumbo y no volver a perder la oportunidad de avanzar en este tan necesario proceso de modernización institucional, sería interesante que desde el Parlamento se active una discusión abierta y participativa convocando a todos los actores interesados en dar su opinión e involucrase en el diseño de un nuevo Ministerio de Agricultura y Alimentos para Chile.

Por: Michel Leporati, director CERES BCA

El cierre de algunos recintos feriales en donde se transan los bovinos que abastecen el mercado de la carne, en el contexto de las medidas para frenar la propagación del Covid-19, puede impactar duramente el abastecimiento de este producto, afectando de igual forma a consumidores y agricultores, en especial a los más pequeños.

Así lo dio a conocer esta tarde la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO A.G, por medio de una carta dirigida al director regional del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, Indap, Carlos Gómez.

El gremio sostuvo que si bien la prioridad es detener la propagación del virus, más aún dentro de una provincia donde su capital Osorno, presenta las más altas tasas de contagio a nivel nacional, no se debe olvidar que a nivel rural, es decir descontando ciudades, la zona que va desde Río Bueno a Puerto Varas exhibe cifras bajas de propagación, lo que demuestra que en este territorio donde se produce el 60% de la leche y el 50% de la carne, las cosas se están haciendo bien en la tarea de seguir abasteciendo de alimentos al país, equilibrando este deber con las medidas de prevención.

“La producción de alimentos es parte de la estrategia para enfrentar con éxito este virus. Por ello hemos debido alertar a Indap respecto de que la serie de restricciones al libre movimiento de las personas vinculadas al agro y el cierre de algunos recintos feriales donde se rematan los bovinos, está dificultando el funcionamiento de la cadena cárnica, lo que afectará por igual a consumidores y productores, en especial a los más pequeños”, aseveró el gerente de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO A.G., José Antonio Alcázar.

La falta de funcionamiento de las ferias lleva la demanda de animales a piso y con ello, el primer eslabón de la cadena que surte de carne nacional al mercado se paraliza, ya que los productores sencillamente dejan de llevar sus bovinos a estos recintos, a la espera de una normalización de la operativa.

“Como gremio de agricultores, nuestra primera preocupación deben ser los productores que se están viendo afectados por esta situación y también los consumidores. Es por ello que solicitamos a Indap la reasignación de los recursos destinados a las prácticas bonificables del Sistema de Recuperación de Suelos Degradados, Sirsd-S de su dependencia, de manera de focalizarlas en la bonificación de praderas de rotación corta, idealmente promoviendo el uso de especies bianuales para generar el suficiente forraje y posterior conservación de este para aquellos productores que así lo requieran”, concluyó José Antonio Alcázar.

Una prórroga automática y por 90 días del vencimiento de créditos resolvió INDAP del Ministerio de Agricultura en favor de sus usuarios de la agricultura familiar campesina, en consideración a las dificultades derivadas por la propagación de la pandemia global del coronavirus (COVID-19).

En resolución firmada este miércoles por el director nacional de este servicio, Carlos Recondo, se indica el otorgamiento de este beneficio para aquellos vencimientos de las operaciones crediticias (créditos, prórrogas, renegociaciones), establecidos a contar del día 16 de marzo y hasta el día 31 de mayo de 2020, en todas las regiones.

Durante la visita a la Vega Central que realizó el Ministro Antonio Walker para constatar el correcto funcionamiento del abastecimiento de alimentos en ese centro de distribución, señaló que “esta medida busca que los agricultores no se expongan a aglomeraciones y puedan permanecer seguros en sus hogares. La idea de esto aliviarlos de trámites ya que todos los vencimientos de los créditos de la agricultura familiar campesina se van a prorrogar por los próximos 3 meses”.

La medida se ejecutará en forma automática y sin la necesidad que sea solicitada por el deudor, y, según el documento, además de aliviar la situación económica de los productores, ayudará a  optimizar la gestión del Programa de Créditos de INDAP y  facilitará la atención de los usuarios evitando aglomeraciones en las Agencias de Áreas.

Un claro diagnóstico de las demandas sociales que tiene el sector agrícola realizaron el Ministro de Agricultura, Antonio Walker, junto a siete ex titulares del agro, Luis Mayol, José Antonio Galilea, Carlos Mladinic, Emiliano Ortega, Jaime Campos y Juan Ignacio Domínguez, el Subsecretario, Alfonso Vargas y el Director Nacional de INDAP, Carlos Recondo.

Durante el encuentro las autoridades abordaron la situación política que está atravesando el país y sus efectos en el desarrollo del sector agrícola. “Me he reunido con siete exministros para abordar la crisis política que está abordando el país y también para analizar el futuro del sector silvoagropecuario. Nos preocupa el cómo sacar a Chile adelante de este estallido social que interpela principalmente al mundo político. Hay un consenso que los valores democráticos y los valores institucionales son inquebrantables. De esto salimos con más y mejor diálogo, por eso ha sido tan importante conocer la visión de cada uno de los exministros respecto de cómo abordar lo que está ocurriendo en Chile”, afirmó Walker.

El secretario de Estado además agregó que “somos optimistas, si abordamos bien las demandas sociales tenemos una gran oportunidad para tener un país más justo y más desarrollado”.

En la reunión también se destacó la necesidad de visibilizar el sector rural ya que el 30% de los chilenos vive actualmente en el campo. “Tenemos que visibilizar el mundo campesino, porque tampoco podemos desconocer los tremendos avances que hemos tenido en estos últimos 30 años. Todos coincidimos en que hay mucho que mejorar, pero debemos ser valientes también en mencionar los importantes avances que ha tenido el país y el sector en materia económica, social y política”, señaló Walker.

Finalmente, el Ministro Walker junto a todos los asistentes condenaron enérgicamente los actos de violencia que han surgido a raíz del estallido social, “debemos condenar la violencia, ese no es el camino para hacer de Chile mejor”, concluyó.

Luego de la emergencia vivida este verano por las lluvias estivales y aluviones, que significaron importantes pérdidas en cultivos y obras de riego de los valles y quebradas de la XV región, INDAP informó que las obras y acciones de recuperación productiva culminaron con éxito en las localidades afectadas por este fenómeno meteorológico.

Este apoyo se concretó gracias a los bonos de emergencia agrícola -individuales y grupales- entregados a través de la institución y que beneficiaron a más de 500 agricultores y agrupaciones pertenecientes a las comunas de Arica, Putre y Camarones. “Fueron casi 420 millones de pesos adjudicados en esta modalidad de situación emergencia, dando cumplimiento con lo comprometido por el presidente Piñera en su visita a la región, con el fin de recuperar lo más pronto posible la infraestructura de riego de nuestros valles y la normalidad para nuestros agricultores y campesinos”, señaló José Luis Rivas, director regional (s) de INDAP.

En este sentido, María Elena Condori y Delia Valdés, de la directiva de la Junta de Vigilancia del río Vítor Codpa y sus Afluentes, manifestaron el agradecimiento de los beneficiados por las gestiones efectuadas por INDAP, “asistiéndonos en terreno, apoyándonos con logística y empatía en la grave situación que nos afectó durante las crecidas del río”, señalaron.

Asimismo, destacaron el apoyo técnico entregado, no sólo a través de la realización del catastro de pérdidas, sino que también con los fondos que permitieron la contratación de personas y maquinarias para despejar y habilitar las bocatomas y conducciones de canales. “Fue fundamental el apoyo económico entregado, para que los agricultores pudieran volver a regar y salvar parte de sus cosechas y, con ello, amortiguar las pérdidas”, indicaron las representantes. “Fue esencial para mantener nuestra economía familiar campesina”, finalizaron.

Por su parte, Jorge Heiden, seremi de Agricultura, destacó el despliegue en el territorio que tuvo personal de INDAP y demás servicios del agro, generando un catastro oportuno de los daños en los predios y obras de riego, siempre en coordinación con los agricultores afectados.

Estos bonos comenzaron a entregarse días después de ocurrida la emergencia, escuchando el llamado de ayuda de los agricultores para enfrentar este fenómeno que afectó una superficie de casi 550 hectáreas y que destruyó canales, pozos e invernaderos en gran parte de los valles productivos de la región.

En un taller realizado en el Valle de Lluta por uno de los pioneros de esta técnica en la región, participantes de la Mesa de la Mujer Rural conocieron los beneficios de la hidroponía y las posibilidades de producción y comercialización que esta práctica representa en los sectores rurales de la comuna.

En la ocasión, las participantes pudieron aprender que con plumavit, agua potable y algunos sustratos es posible cultivar hortalizas de forma rentable, entregando nuevas herramientas para el desarrollo y mejoramiento de sus actividades productivas y calidad de vida.

En este sentido, Juan Carlos Flores, creador de “Puro Chile” y uno de los precursores de la hidroponía a través del cultivo de lechugas en el Valle de Lluta, recalcó las bondades de este sistema a través de sus resultados. “En nuestro caso, en 3,5 metros cuadrados podemos llegar a obtener 350 lechugas, cuyo ciclo de crecimiento va entre los 21 a 25 días”, añadiendo que “si bien es una técnica un poco más costosa que la tradicional, tiene un mejor rendimiento en regiones como la nuestra, obteniendo productos más naturales y sustentables”.

Las participantes se mostraron sorprendidas con las posibilidades que entrega la hidroponía, y muy satisfechas con este tipo de actividades que, sin dudas, aportan al desarrollo de la agricultura familiar campesina, siendo las mujeres el pilar fundamental en el cultivo y comercialización de sus productos.

El próximo taller se realizará en el Valle de Azapa y las participantes podrán acceder a conocimientos sobre biopreparados y la utilización de residuos orgánicos para el mejoramiento de suelos y desarrollo de sus cultivos. 

Cabe señalar que en la región, esta mesa es impulsada por el Ministerio de Agricultura, a través de INDAP, CONAF, SAG, INIA y CNR, además del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género; el Servicio Nacional de la Mujer y Fundación Prodemu.

22 pequeños agricultores de Puerto Natales, en la Región de Magallanes, están desafiando la escarcha, la nieve y las bajas temperaturas -que estos días han llegado a los -8 grados- para tener, dentro de 45 días, una inédita cosecha de lechugas hidropónicas que, de resultar, podría romper la estacionalidad y permitiría vender por primera vez productos frescos en pleno invierno.

La idea de experimentar con la hidroponía en esa zona austral nació en noviembre del año pasado, cuando un grupo de agricultores realizó una gira técnica organizada por INDAP y conoció el exitoso emprendimiento agrícola Doña Nancy que dirige Michel Escobedo en San Vicente de Tagua Tagua, Región de O’Higgins. 

“Estamos tratando de implementar la hidroponía como sistema de cultivo y alternativa productiva en Puerto Natales. Queremos demostrar que en pleno invierno es posible cosechar lechugas”, dijo Michel Escobedo, quien viajó entusiasmado desde la zona central hasta Puerto Natales para ayudar a sus pares a construir una mesa que funciona con recirculación de agua y proceso de entibiado, que evita el congelamiento, y explicarles los procesos de este tipo de producción.

En su empresa Doña Nancy, Escobedo utiliza la filosofía “farm to table” (granja a la mesa), que consiste en cosechar productos frescos y ponerlos directamente en el plato del consumidor. “La hidroponía nos entrega brotes tiernos que son usados para el consumo fresco o para procesos en cuarta gama, que son atractivos por su diversidad de formas, gracias a hojas de tamaño uniforme suaves y listas para comer”, comentó.

Petar Bradasic, director regional de INDAP, explicó que durante el invierno, antes de llegar a la mesa de los magallánicos, los productos agrícolas  recorren miles de kilómetros desde la zona central del país y en el camino pierden el sabor y la textura por los golpes de frío, historia que podría empezar a cambiar con la implementación de la hidroponía. 

“En la zona de a poco hemos ido aumentando la producción agrícola, pero el gran desafío es tener hortalizas regionales todo el año. Por eso la hidroponía es una alternativa que estamos probando en Puerto Natales. Hay interés de los agricultores y está toda la disponibilidad técnica y financiera de INDAP para apoyar a los usuarios”, añadió Bradasic.

Este experimento tiene muy entusiasmados a los agricultores de Puerto Natales que participaron en una capacitación dictada por Michel Escobedo y ya piensan en readecuar sus invernaderos para iniciar cultivos hidropónicos que permitan sostener la producción en invierno. 

“Llevo una temporada en INDAP y creo que los jóvenes tenemos mucho que aportar y aprender del trabajo agrícola. El sistema hidropónico es una buena posibilidad. Yo pienso construir una mesa en mi invernadero para tener productos en invierno”, dijo Fernanda Mayorga (25) tras participar en el curso.

“Hay muchos agricultores de edad avanzada y este sistema de trabajo les podría facilitar la tarea, sobre todo en las cosechas, la fertilización y el riego, porque no van a tener que andar agachados trabajando. Además se aprovecha mejor el agua”, destacó Lidia Catepillán, agricultora de Puerto Natales.

El costo inicial de implementación de un sistema hidropónico es un poco elevado, pero la posterior rentabilidad hace que sea conveniente en una zona que cuenta con solo cinco meses de producción agrícola al año.

La producción de maíz tiene márgenes estrechos, y fluctuaciones de mercado que afectan a los productores. En este contexto, se generó la iniciativa Cobertura de Precios de Productos Agrícolas, instrumento de gestión de riesgo para pequeños productores que funge como seguro para proteger a los productores frente a las variaciones de precios del maíz.

Con la colaboración de Agroseguros y de Indap, los productores solo tendrán que pagar un monto fijo que parte desde 20 pesos por quintal de maíz, para asegurar un precio a un periodo de tiempo determinado.

El modelo utilizado para la Cobertura de Precios es el que internacionalmente proporciona la Bolsa de Chicago (CME) para maíz, por la alta profundidad y correlación, esto es, porque los precios del mercado nacional se comportan de forma muy similar a los precios de commodities agrícolas de la CME; alto volumen de operaciones y liquidez de contratos; y una regulación por organismos reconocidos internacionalmente (CFTC, NFA, SEC). Este instrumento permite que el agricultor reciba una compensación si el precio del mercado internacional de referencia (CME) es menor al precio “strike” o precio establecido como “límite” para el pago.

Piloto

Con el objetivo de probar la eficacia del instrumento se realizó un piloto en la región de O’Higgins, donde a partir del 25 de febrero pueden comenzar a suscribir los contratos con Credicorp, institución que intermedia estos contratos, con la finalidad es protegerse de variaciones de precios entre la fecha de contratar la cobertura y el momento de venta probable, tomando como referencia el precio del maíz en el mercado internacional, acotando el riesgo frente a las fluctuaciones adversas en los precios internacionales del maíz, el cual influye en el precio nacional de ese producto.

Durante el lanzamiento, llevado a cabo en el Centro Cultural Estación Peralillo, el Seremi de Agricultura de la Región de O’Higgins, Joaquín Arriagada, señaló que “a través de la Cobertura de Precios de Productos Agrícolas, el productor de maíz de la región puede asegurarse de un precio mínimo aproximado de su producto en pesos chilenos, tomando como referencia el mercado internacional”.

Por su parte, el director ejecutivo de Agroseguros, Ricardo Prado, explicó que la Cobertura de Precios funciona como un seguro y se paga una “prima”, la cual en un porcentaje importante será subsidiada por el Estado, a través de Agroseguros.  “El costo de la cobertura es variable según el precio que se desee fijar y el plazo del Contrato. En general, mientras más lejano sea el plazo y mayor el precio a fijar, mayor será el costo de contratar la cobertura”, comentó.

Los productores

Algunos productores de la región han manifestado sus impresiones sobre el instrumento. Pablo Moya Zamorano, del sector Tunca El Molino, San Vicente de Tagua Tagua comparte que tiene dos hectáreas de maíz, pero además atiende 7 más de su padre. “Los dos estamos en INDAP y ha sido una muy buena ayuda para nosotros. Esta nueva herramienta (Cobertura de Precios) me parece un buen incentivo. Al menos así podemos seguir sembrando; sirve para paliar las pérdidas si baja el precio (del maíz). Por ello, me parece un muy buen incentivo y estoy dispuesto a tomarlo”, mencionó.

Otro productor que ve positivo este instrumento es Ramiro Guajardo Soto, productor de Palmilla quien siembra 12 hectáreas de maíz, lo equivalente a toda su parcela. “Yo tuve la suerte de tener parcela por la ex Cora y con harto esfuerzo todavía la conservo. En este momento yo estoy sacando un rendimiento de sobre 170 quintales por hectárea. Para nosotros los maiceros, lo complejo es que el precio del maíz tiene muchas variables y solamente va hacia la baja, nunca tiene un repunte como para que los agricultores tengamos un alivio, un año que sea. Como agricultor, pienso que este nuevo instrumento (cobertura de precios) es bueno porque nos da más seguridad de que podemos tener un precio más favorable. Así es que lo voy a tomar”.