Un portazo en la cara
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Un acceso fluido a las mejores variedades del mundo además de un impulso para el mejoramiento nacional y la economía de la agricultura del país son los beneficios que podría tener Chile al contar con una sólida protección de derechos de nuevas variedades vegetales. Si bien actualmente se rige por la ley 19.342 —suscrita hace […]
Un acceso fluido a las mejores variedades del mundo además de un impulso para el mejoramiento nacional y la economía de la agricultura del país son los beneficios que podría tener Chile al contar con una sólida protección de derechos de nuevas variedades vegetales. Si bien actualmente se rige por la ley 19.342 —suscrita hace 20 años según el Acta de UPOV 78—, los ojos de la industria semillera apuntan al convenio de UPOV 91.
A nivel mundial existen distintas alternativas para que los países puedan proteger los derechos de propiedad de las nuevas variedades vegetales: por patente, por un convenio Sui Generis, que se trata precisamente del convenio UPOV, o una combinación de ambas.
Según explica el gerente ejecutivo de Anpros, Mario Schindler, la gran diferencia entre la patente y el Convenio de UPOV radica en que sobre la variedad patentada no se puede hacer nada sin el consentimiento de su dueño, mientras que con el UPOV todas las variedades protegidas pueden ser utilizadas para desarrollar nuevas variedades sin pedirle permiso a quien obtenta los derechos de dicha variedad, siempre y cuando la variedad resultante sea distinta.
Agrega que en el mundo, la gran mayoría de los países protegen sus variedades por convenio de UPOV, incluido Chile, donde además la ley de propiedad industrial excluye el patentamiento de variedades vegetales.
Chile y su relación con UPOV
Este convenio internacional, al que adhieren los países y que establece los derechos sobre las nuevas variedades vegetales, cuenta con tres actas: 1961, 1978 y 1991. Chile se encuentra adherido a su segunda acta, mientras que la industria aspira a contar con su última versión.
Schindler grafica el estado actual de Chile en este tema en base a dos variables: en primer lugar, se sigue rigiendo por la ley 19.342 del año 1996. Y en segundo lugar, y respecto del UPOV, destaca que durante el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, se mandó a trámite el proyecto de ley para que el país adhiera al convenio de UPOV 91, el que fue aprobado por el Congreso. Sin embargo, aún falta su promulgación. Pero junto con ello se requiere una ley que interprete el acta correspondiente.
La ley 19.342 fue la que permitió a Chile adherir al UPOV de 1978 ya que cumplía con los estándares de dicha acta. “En este caso el proceso debiera ser el mismo. Es decir, una vez que Chile redacte una ley que sea aprobada por el Congreso y que esté en sintonía con el acta de UPOV 91, Chile está en condiciones de enviar esa ley a UPOV y terminar de adherir. Porque el primer paso, que es que el Congreso conceptualmente apruebe el convenio, ya está dado”, enfatiza Schindler.
UPOV 78 versus 91
Tres diferencias centrales destaca el experto entre el UPOV de 1978 y el de 1991. En primer lugar, se alargan los plazos de protección de 18 a 25 años en los frutales y de 15 a 20 años en el caso de los cultivos.
El segundo punto radica en que se extiende la protección al producto de la cosecha, ya que actualmente sólo abarca al material de reproducción. En este ítem el UPOV 91 establece que se realizará dicha extensión siempre y cuando el material de reproducción que le haya dado origen haya sido adquirido legalmente. “Uno de los temas de controversia es que se dice que al extender la protección a los productos de la cosecha, los obtentores son prácticamente dueños de la cosecha también, lo que no es cierto.
Lo que se extiende son los derechos de poder ejecutar acciones para ejercer sus derechos sobre el producto de esta cosecha”, profundiza Schindler. El UPOV 91 sugiere también que los países debieran acotar dentro de límites razonables y salvaguardando los derechos de obtentor, el denominado privilegio de agricultor; que se refiere a la posibilidad que tiene un agricultor de utilizar parte de la cosecha de una variedad protegida para volver a sembrarla.
Mario Schindler recuerda que este también es uno de los temas que ha generado conflicto ya que se pensaba que con la aprobación de UPOV 91 se le quitaba a los agricultores, particularmente a los pequeños, la posibilidad de usar en sus propios campos parte de la cosecha de variedades protegidas. “Eso no es así porque ese artículo del convenio UPOV es uno facultativo. Es decir que no es un artículo obligatorio. Por lo tanto los países pueden regular el privilegio del agricultor; pueden poner uno sumamente restrictivo o pueden no considerarlo.
Tienen todo el abanico de posibilidades y en ese sentido desde Anpros siempre hemos dicho y respaldado que se le mantenga pleno privilegio el agricultor a los pequeños agricultores. Creemos que algo justo es que los agricultores de mayor tamaño, si van a utilizar variedades protegidas, tengan que pagar algún tipo de derecho por usar esa semilla, ya que se van a ver tremendamente beneficiados, lo cual genera un círculo virtuoso”.
Otra diferencia que destaca es que se introduce el concepto de variedad esencialmente derivada, una forma de poder discriminar aquellas variedades que sean efectivamente diferentes de la que le dio origen.
Acceso fluido a variedades internacionales
Al hablar de propiedad intelectual vegetal, Chile se debe situar en un contexto en que se trata de un país extremadamente chico en términos de superficie agrícola. A ello Schindler agrega que Chile ha declarado su vocación de país agro exportador, en que prácticamente el 100% de la fruticultura y alrededor del 60% de la agricultura corresponden a variedades internacionales.
Así el cuestionamiento que se le viene a la cabeza corresponde a la trascendencia para el país de contar con una sólida protección de derechos de nuevas obtenciones vegetales. El beneficio pasa por el hecho de que Chile pueda mantener un acceso fluido a las mejores variedades del mundo, además de estimular y contar con un desarrollo más potente de variedades a nivel nacional. A juicio del gerente ejecutivo de Anpros, esto va a ser posible en la medida de que los retornos a la inversión que requiere el fitomejoramiento, que son muchos años de desarrollo para poder tener una variedad, tengan también una adecuada protección para quienes inviertan en este largo proceso.
Falta de información
Si bien Anpros ha realizado numerosas charlas con agricultores en torno al UPOV 91, advierten que existe una gran desinformación. “Los agricultores con los que hemos hablado en detalle saben y se dan cuenta de que son los principales beneficiados en la medida que hayan derechos, de que tengamos una propiedad intelectual de las nuevas variedades vegetales que sea sólida. Es una tarea que evidentemente cuesta. Probablemente nos llevará mucho tiempo poder transmitirle a los agricultores lo importante que es para ellos que puedan contar con el mejor material genético disponible a nivel mundial y que también se puedan desarrollar esos materiales acá en Chile. Es un proceso educativo e informativo, largo y en eso estamos”, cuenta Schindler.
La propiedad intelectual vegetal en Chile es un tema en el que aún falta por avanzar y que podría traer beneficios relevantes para la industria. Por ello es que el rubro considera la aprobación del UPOV 91 como un paso sumamente importante y necesario para fortalecer los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales en beneficio no sólo de los agricultores, sino de toda la industria nacional.
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Robert Edition
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